El pasado 01 de Octubre de 2025, La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres funcionarias de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por la presunta falta de ejecución de más de $1.700 millones durante la vigencia 2021.
De acuerdo con este organismo de control, la secretaria general de la entidad, Marina Teresa Montes Álvarez, estaría comprometida en la aparente omisión que impidió la utilización de los recursos destinados a funcionamiento e inversión.
La investigación adelantada también involucra a la Directora Financiera, Patricia Eugenia González Robles, y a la directora Administrativa, Diana Marcela Niño Tapia. Según la entidad, ambas funcionarias habrían pasado por alto la falta de ejecución, lo que no solo generó un posible detrimento para el presupuesto de 2021, sino que también impactó la planeación financiera del año siguiente.
El ente disciplinario indicó que en esta etapa procesal se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, establecer si constituyen falta disciplinaria y determinar si las implicadas actuaron con responsabilidad o bajo alguna causal eximente.
De confirmarse las irregularidades, las funcionarias podrían enfrentar sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución del cargo, de acuerdo con lo previsto en el régimen disciplinario vigente.
