Durante el pasado dos de marzo, integrantes el partido de izquierda Pacto Histórico radicaron ante la secretaría del Congreso de la República un proyecto de ley que busca desincentivar la utilización de caninos a estas labores, que, según argumentan, “los exponen a condiciones de sufrimiento, riesgo, estrés y deterioro físico y emocional”.
Algunos de los fundamentos de este proyecto se argumentan principalmente en la limitación de la Ley 2454 de 2025 conocida como Ley Lorenzo que, aunque establece condiciones dignas, como alimentación, descanso, reducción de la edad de trabajo (6 años máximo) y plan de retiro, planteó un carácter regulatorio más no prohibicionista. Además, según los autores de este proyecto, una vez entró en vigencia esta ley, “se disparó alarmantemente en un 375,9%, ya que legaliza una práctica que antes se encontraba en un vacío jurídico pleno”.
Antes de la implementación de dicha ley se registraba un “descenso progresivo y contundente” donde en 2019 se tenían 2.163 animales para vigilancia, en 2024 la cifra cayó a 183. En 2025, ya con la ley en marcha, se presentó un repunte y el número de animales utilizados por las empresas y el sector público se cuadruplicó, dejando un cifra de 871. “La intervención legislativa realizada durante el año 2025 -mediante la regulación y no la prohibición de la actividad- no operó como un mecanismo de desincentivo a la práctica, sino que, por el contrario, habría contribuido a reactivar e incluso a fortalecer la instrumentalización de animales en el marco de la vigilancia y la seguridad privada”, se anunció durante la exposición de motivos del proyecto de ley.
El articulado, a su vez, establece otras medidas en favor de los animales, como la puesta en marcha de un Plan Nacional de Registro, Retiro y Adopción. Así como la sustitución de los animales con procesos tecnológicos o humanos, que permitan garantizar la continuidad y eficacia del servicio de seguridad, sin someter a los caninos a situaciones que comprometen su tranquilidad, integridad y vida.
“Este es el panorama que se busca corregir con la prohibición establecida en la iniciativa radicada por la bancada, en cabeza de la senadora Esmeralda Hernández. De aprobarse en el Congreso, las entidades públicas tendrían un año para desmontar el uso de animales en estas labores, y en el caso del sector privado el plazo fijado de esta transición podría ser de dos años”, señalaron.
