En una decisión que marca un precedente importante para los derechos reproductivos en la capital, el alcalde Carlos Fernando Galán objetó oficialmente el Proyecto de Acuerdo 340. La iniciativa, que ya había sido aprobada por el Concejo de Bogotá, buscaba complementar la denominada “Ruta por la Vida”, pero ha sido frenada por presentar vicios de inconstitucionalidad y duplicidad normativa.
Originalmente, la propuesta planteaba complementar la Ruta Integral de Atención Materno-Infantil (RIAS). Sin embargo, bajo un lenguaje que diversos sectores calificaron de ambiguo, el proyecto introducía barreras al acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), tales como la exigencia de una valoración psicológica obligatoria, lo cual condicionaba el acceso a personas que decidieran abortar.
El pasado 20 de febrero, la Alcaldía Mayor de Bogotá presentó sus objeciones fundamentadas en dos pilares principales. Primero, los fundamentos jurídicos: de acuerdo con la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, el aborto está despenalizado hasta la semana 24 de gestación, por lo que cualquier disposición que pretenda “regular” o “ limitar” es competencia del gobierno nacional y del Congreso de la Republica.
La administración señaló que el Ministerio de Salud y Protección Social es el único ente competente para definir las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS). Crear una ruta local no solo era innecesario, sino que invadía funciones técnicas ya establecidas por el Ejecutivo nacional. En pocas palabras, lo que pretendía el proyecto ya existía en la normativa vigente.
El futuro del proyecto queda ahora en manos de la dinámica legislativa y judicial. El Concejo tiene la facultad de aceptar o rechazar las objeciones; si no hay consenso, un tribunal tendrá la última palabra. No obstante, Volcánicas, medio de comunicación feminista, sugieren que, “dada la claridad y contundencia de las objeciones, es prácticamente inviable que el proyecto reviva”.
