La Contraloría General de la República, a través de la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, dió a conocer el día de ayer, 26 de enero, los resultados del estudio sectorial “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”, el cual constituye un análisis técnico exhaustivo de la situación presupuestal, operativa y financiera de las 34 universidades públicas del país, e incorpora cifras de contexto histórico que, por primera vez, se ponen a disposición para el análisis integral de la sostenibilidad financiera del sistema universitario público y de educación superior.
“¿Cuál es el problema central?” preguntó el Contralor Delegado para la Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte, Andrey Rodríguez. “Actualmente se actualizan los Índices de Costo de la Educación Superior (ICES) por el Índice de Precios al Consumidos (IPC). Hasta diciembre del año pasado, se aprobó en cuarto debate la ley que modifica los artículos 86 y 87 de la ley 30. Esta prevé una serie de garantías adicionales. La principal: actualizar los costos de la educación superior”. Ese cambio, que modifica el costo de la educación superior en base al crecimiento de la economía año a año, si bien para Rodriguez es positivo, alerta sobre cómo y de dónde saldrán los recursos para financiarla.
El estudio examina la sostenibilidad financiera del Sistema Universitario Estatal (SUE) a partir de los principios de eficiencia, equidad, autonomía financiera y sostenibilidad fiscal. Para ello, se analizaron los ingresos, gastos, estructura de costos, niveles de inversión, liquidez, solvencia y endeudamiento de las universidades, con el fin de identificar riesgos financieros, brechas estructurales y oportunidades de fortalecimiento institucional. Asimismo, el análisis incorporó la evolución y las proyecciones del pasivo pensional, reconocido como una de las principales cargas estructurales del sector educativo superior.
“Las universidades han tenido que asumir una serie de cargas o pasivos que afectan hoy día, los temas asociados a ampliación de cobertura o investigación, porque tienen que destinar muchos de los recursos que les llegan a cubrir una serie de pasivos en los que, el gobierno nacional, ha tenido concurrencia en algunas universidades y, en otras, no”, señaló Rodríguez.
Como resultado, la Contraloría encontró una alta concentración de los recursos públicos en un reducido grupo de instituciones con mayor cobertura académica y de matrícula. En particular, las universidades Nacional de Colombia (UNAL), Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad de Antioquia (UdeA) y la del Valle (Univalle), que concentran el 48% de los ingresos del orden nacional y el 37% de los ingresos del orden territorial. Esta estructura distributiva incide negativamente en los principios de equidad del gasto público y profundiza las asimetrías regionales, reflejadas en marcadas diferencias en los ingresos por estudiante, que oscilan entre $11.426.139 en la UNAL y $525.777 en la UNAD, frente a un promedio nacional de $4.512.090, en el periodo 2019 a 2024 objeto de análisis.
Las universidades de mayor envergadura, como la UNAL, UNAD, UdeA y Univalle, concentran más de un tercio del gasto total del sistema, reflejando la enorme carga financiera que asumen por su amplia cobertura. Aunque casi el 76% de las instituciones goza de una solvencia adecuada para cubrir sus obligaciones y mantiene niveles de endeudamiento prudentes, existe un grupo crítico del 24% que opera con márgenes de maniobra limitados, poniendo en riesgo su estabilidad operativa.
El desafío más grave, según la Contraloría, reside en el pasivo pensional, que ya alcanza los $10,3 billones y se concentra principalmente en la Universidad Nacional y la Universidad del Valle. Esta deuda estructural, agravada por la falta de actualizaciones actuariales, actúa como un “ancla” financiera que desvía recursos vitales de la docencia y la infraestructura. Esta situación no solo compromete la salud financiera a largo plazo, sino que restringe severamente la capacidad de crecimiento y expansión de las universidades públicas más importantes del país.
De manera complementaria, la consulta atendida por 31 universidades públicas refuerza los hallazgos cuantitativos, destacando problemas recurrentes como la insuficiencia de los aportes estatales, el aumento de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las limitaciones para aumentar los ingresos propios. Las instituciones coinciden en la necesidad de actualizar la Ley 30 de 1992, diversificar fuentes de financiación y fortalecer alianzas y cooperación interinstitucional.
En este contexto, y en relación con el impacto fiscal del Proyecto de Ley 212 de 2024, aprobado en cuarto debate y pendiente de sanción presidencial, que reforma la Ley 30 de 1992, se evidencian diferencias en las estimaciones según la metodología y el horizonte de análisis. Mientras el Ministerio de Educación proyecta un costo de $22,1 billones para el período 2027-2040, la Contraloría estima un impacto de $27,8 billones para 2027-2036, al incorporar el costo total de mantener la base de $0,7 billones destinada a las Instituciones Técnicas. Si bien el órgano de control reconoce y exalta que el proyecto avanza en la dirección correcta hacia la gratuidad y hacia niveles de financiación como proporción del PIB comparables con los países de la OCDE (1%), frente a los cuales Colombia invierte cerca de la mitad del promedio, resulta fundamental que cualquier incremento esté respaldado por fuentes de financiamiento claras, suficientes, verificables y sostenibles en largo plazo.
“¿Qué nos preocupa? de dónde va a salir esa plata. La contraloría está gustosa y totalmente de acuerdo en el hecho de que las universidades públicas nacionales deben recibir más recursos para ampliar cobertura, pertinencia educativa, infraestructura e investigación y poder aumentar la calidad en educación, pero importante es: que una vez ese proyecto de ley esté sancionado, ¿de dónde van a salir esos recursos para sostener este incremento que se requiere?”, advierte Rodríguez.
Para la Contraloría, resulta pertinente que la sostenibilidad financiera del sistema universitario público colombiano requiera la diversificación de las fuentes de ingreso, el ajuste anual de los recursos conforme a los costos reales del sector y la protección de los recursos misionales frente a la carga pensional y el endeudamiento, mediante una reforma efectiva de los mecanismos de concurrencia. La educación superior pública enfrenta una desfinanciación estructural que compromete la sostenibilidad financiera de la mayoría de las universidades públicas del país. En este contexto, resulta pertinente promover una reflexión de política pública orientada a revisar el modelo de financiación vigente y a definir, a la luz de la Ley recientemente aprobada, la ruta que debe asumir el Estado colombiano para garantizar la estabilidad del sistema: avanzar hacia la gratuidad y la universalidad de la educación superior o, fortalecer esquemas que aseguren la sostenibilidad financiera de las instituciones públicas.
