La Superintendencia de Sociedades ordenó el pasado 13 de enero la apertura del proceso de liquidación judicial simplificada de Industrias de Alimentos Don Jacobo S.A.S. en reorganización, luego de verificar el incumplimiento del acuerdo de reorganización y la imposibilidad de la compañía de continuar operando bajo la hipótesis de negocio en marcha.
La decisión fue formalizada mediante Auto con radicado 2026-06-000117, expedido el día de ayer, y se sustenta en los artículos 48 de la Ley 1116 de 2006 y 19 de la Ley 2437 de 2024, que habilitan este tipo de procedimientos concursales en empresas que ya no son viables económicamente.
Según la entidad, la solicitud fue presentada por el representante legal de la compañía con autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas, tras reconocer la imposibilidad de cumplir los compromisos adquiridos durante el proceso de reorganización empresarial.
En ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, la Superintendencia explicó que la apertura de la liquidación simplificada busca proteger el patrimonio empresarial, garantizar un tratamiento ordenado a los acreedores y asegurar un manejo transparente de los activos.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó que este mecanismo permite cerrar sociedades no viables sin afectar el orden económico y jurídico. “La liquidación judicial simplificada es una medida que permite cerrar de forma responsable sociedades que ya no son viables, protegiendo los derechos de los involucrados y promoviendo procesos técnicos. Desde la entidad, seguiremos ejerciendo nuestra labor con rigor y compromiso, orientados siempre a la defensa del interés general”, dijo.
Don Jacobo es una marca ampliamente conocida en el sector de alimentos y pastelería, donde durante décadas consolidó una participación importante en el mercado de tortas y productos de panadería. El inicio de su liquidación judicial refleja las dificultades que han enfrentado diversas empresas nacionales en medio de desaceleraciones sectoriales, cambios en los hábitos de consumo y presiones financieras.
Finalmente, la Superintendencia aseguró que continuará promoviendo procedimientos concursales ajustados al marco legal, bajo principios de transparencia, eficiencia institucional y protección del interés general.
