La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) canceló una audiencia pública tras el descubrimiento de nuevos cuerpos de agua en Canal Proleche y Humedal San Jacinto, según un comunicado. La reunión había convocado a organizaciones sociales, autoridades competentes y ciudadanía en general a participar en la audiencia pública ambiental el 30 de agosto, luego de la reciente modificación en la licencia ambiental de la Troncal de los Andes, una obra que acumula siete años de retraso.
El proyecto, que contempla la construcción de 3,2 kilómetros en doble calzada para mejorar la movilidad entre Chía y Bogotá, busca desviar el tráfico pesado que hoy cruza por la Avenida Pradilla en el casco urbano de Chía, conectando con la concesión Devisab en la Autopista Norte, a la altura del peaje de Los Andes. Sin embargo, desde su aprobación inicial en noviembre de 2018, la iniciativa ha estado marcada por un constante tira y afloje entre las necesidades de infraestructura y las exigencias de protección ambiental.
El hallazgo de un cuerpo de agua en el trazado proyectado obligó a replantear el proyecto. En 2021, un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender las actividades en el predio identificado entonces como San Jacinto. Posteriormente, en 2022, se precisó que el terreno correspondía en realidad al predio denominado Las Veguitas, pero las obras no se reanudaron. Desde entonces, la licencia ambiental se encuentra en revisión y en espera de modificaciones que definan su futuro.
A pesar del debate, voces como la de María Elena Vélez, directora ejecutiva de Aesabana, insisten en la urgencia de avanzar. “No podemos permitir que el debate ambiental se convierta en una excusa para la inacción, pues la parálisis de la Troncal también está generando sus propios impactos ambientales y afectando no solo a los ecosistemas urbanos –sometidos cada vez a mayores niveles de contaminación debido a los largos trancones–; sino también a las personas, quienes son parte esencial de estos ecosistemas”, declaró a El Tiempo.
Mediante el auto 6251 del 23 de julio de 2025, la ANLA había dispuesto la realización de la audiencia pública como parte del proceso administrativo en curso. En ella, entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Cundinamarca, la CAR y la Alcaldía de Chía, habían sido convocadas.
Hoy, 12 de agosto, la ANLA se pronuncia para anunciar el aplazamiento indefinido de la audiencia pública tras “nueva información remitida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República relacionada con aspectos técnicos y jurídicos que podrían incidir en el ejercicio del derecho a la participación ciudadana”. Además, anunció que “entre los puntos destacados se incluyen observaciones sobre la posible afectación de cuerpos de agua como el Canal Proleche y el Humedal San Jacinto, así como la existencia de documentos expedidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que no se encontraban en el expediente y que podrían ser determinantes para el análisis técnico ambiental. Adicionalmente, la ANLA solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca precisar el alcance de una medida cautelar vigente sobre el predio Las Veguitas, para establecer si las restricciones aplican a todo el predio o únicamente al cuerpo de agua ubicado en él”.
La audiencia pública que sería un punto de inflexión para el futuro de la Troncal de los Andes, y que ponía sobre la mesa los impactos y ajustes necesarios para conciliar la obra con el ecosistema, está en ese momento nuevamente a la espera de nuevas modificaciones. El debate sobre el desarrollo vial y la protección ambiental, tendrá finalmente la decisión que marcará el rumbo de la movilidad y la sostenibilidad en la Sabana de Bogotá durante las próximas décadas.
