El anuncio sobre la Audiencia Pública realizada el día de ayer por la Sociedad concesionaria Accenorte, convoca a autoridades municipales, departamentales,a la CAR, comunidades interesadas, entre otras, para continuar con el proceso de participación en el proyecto “Construcción Troncal de los Andes”, el cual, según el edicto anunciado, se dan en marco para conceder licencia o permiso ambiental para continuar con este proyecto.
La decisión de reanudar las audiencias viene después de varios acontecimientos dramáticos. Las audiencias previstas se suspendieron en septiembre por posibles nuevos hallazgos de cuerpos de agua en Canal Proleche y el Humedal San Jacinto, además de las declaraciones realizadas por la Secretaría de Transparencia de la República en la que se anunciaba un presunto fenómeno de volteo de tierra en este proyecto y la presunta omisión de antecedentes técnicos por parte de la CAR. Una vez revisadas las respuestas de la Corporación Autónoma Regional (CAR), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la empresa de Accesos Norte de Bogotá S.A.S, la autoridad ambiental determinó que existían los elementos suficientes para reanudar el proceso, por lo que reprogramó la Reunión Informativa y la Audiencia Pública Ambiental.
Tras este anuncio, el Alcalde de Chía, Leonardo Donoso manifestó el día de hoy que “por esta razón (…) hemos tomado la decisión de que la entrada en vigencia de la restricción, la aplazaremos hasta el 10 de noviembre, una vez que tengamos los resultados de la audiencia”. Restricción que, en primer momento, se rumoró, se realizó para presionar al gobierno nacional con la finalidad de poder continuar con el proceso de construcción de la Troncal de los Andes. Hoy, el primer mandatario, confirmaría que esta medida corresponde, efectivamente, a una medida de presión. Acompañado del Comité Gremial de Transportadores de Chía, quienes según el mandatario “aglutina más del 85% del aparato productivo del gremio de carga” estarán próximamente en mesas de concertación con el gobierno nacional para “pedir resultados”, agregó además que “el resultado es lograr que la obra nuevamente se active y sea una realidad”. Sin embargo, hasta el momento, el paro camionero previsto para el día de mañana, 10 de octubre, se mantendría vigente, pues aún no hay pronunciamiento oficial por parte de sus voceros.
Así mismo, la Gerente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Juliana Bejarano, quien también estuvo presente en el anuncio realizado por parte del primer mandatario, manifestó que “hemos llegado a la conclusión de que una propuesta de restricción de carga no se va implementar por el momento. Estamos dispuestos a seguir construyendo y a participar en las diferentes audiencias que se han abierto desde la ANLA para que esa Troncal de los Andes sea una realidad”.
De esta manera, Accenorte anunció que la Reunión Informativa (previa a la Audiencia Pública) se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre de 2025, desde las 8:00 a.m, en la Carpa Pabellón de la vereda Samaria, sector El Humero, punto de inicio del trazado del proyecto. En este espacio, la ANLA explicará el alcance del mecanismo de participación y la empresa concesionaria presentará los impactos ambientales identificados, las medidas de manejo propuestas y las acciones implementadas para garantizar los derechos de acceso a la información y la participación.
Por su parte, la Audiencia Pública Ambiental se realizará el domingo 30 de noviembre de 2025, a partir de las 8:00 a.m, en el Auditorio Álvaro del Portillo de la Universidad de La Sabana, ubicada en el kilómetro 7 de la Autopista Norte de Bogotá, en jurisdicción del municipio de Chía.
La ANLA recordó que tanto la Reunión Informativa como la Audiencia Pública contarán con transmisión en vivo a través de los canales digitales oficiales de la entidad en YouTube (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), Facebook (ANLACol) y en la página web www.anla.gov.co, para facilitar la intervención de la ciudadanía a través de medios virtuales. Los interesados en intervenir en la Audiencia pública ambiental pueden inscribirse a través del siguiente link: https://forms.office.com/r/N1pZQypRF8
Denuncias de la Secretaría de Transparencia
Esta decisión se produce en medio de un debate público generado tras la rueda de prensa presidida por parte del Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien reveló hallazgos sobre presuntas irregularidades en la concesión Accenorte, relacionadas con un presunto fenómeno de volteo de tierras y modificaciones irregulares al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Chía.
Según Idárraga, estas anomalías habrían ocurrido entre los años 2000 y 2016, periodo en el que se habrían presentado omisiones administrativas, ausencia de estudios técnicos y cambios de uso del suelo sin concertación ni soporte técnico. Dichas modificaciones, aprobadas presuntamente de forma exprés por el Concejo Municipal, habrían generado beneficios urbanísticos indebidos. “El POT ajustado en 2016, sobre el cual se soportan parte de las decisiones actuales, se encuentra suspendido por orden judicial”, recordó el funcionario.
Frente a los cuestionamientos, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) rechazó las afirmaciones de la Secretaría de Transparencia, señalando “que no existe ninguna ilegalidad en la entrega de bienes inmuebles por parte de las entidades territoriales para la ejecución de proyectos de infraestructura del transporte, pues los predios no se consideran como un desembolso de recursos públicos”.
La entidad enfatizó que “los bienes inmuebles no son erogaciones del Tesoro, ni recursos del presupuesto del municipio de Chía y, en consecuencia, no se considera desembolso de recursos públicos para los proyectos de infraestructura. Por tanto, la cesión de predios del municipio de Chía no desnaturaliza la esencia de la Iniciativa Privada”.
No obstante, Idárraga respondió a través de su cuenta en X que mantiene sus afirmaciones “con documentos y análisis jurídicos” que respaldan los hallazgos de la Secretaría. “Lo que se cuestiona —precisó— es que, en el caso de Chía, los bienes cedidos eran de uso público, con destinación exclusiva a vías locales según el POT, y se entregaron gratuitamente para una obra regional y nacional”.
