En una extensa jornada de diálogo entre líderes comunitarios y alcaldes de la región de Sabana Centro y el Valle de Ubaté manifestaron su rechazo ante lo que califican como una “negligencia sistemática” por parte del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El malestar, que ha venido creciendo desde octubre de 2025, estalló tras los recientes y trágicos accidentes en la vía, atribuidos a la falta de señalización, mantenimiento y la ubicación actual del peaje de Casablanca.
Los voceros de la comunidad y los mandatarios locales de municipios como Zipaquirá, Nemocón, Tausa, Cogua, Sutatausa, Cucunubá, Susa y Simijaca, coinciden en que la gestión de Invías se ha limitado a “socializaciones y números” sin ejecución de obras tangibles. “Este corredor vial es fundamental para la economía del país, pero parece que lo dejaron por fuera de los 15 billones que el Gobierno Nacional asignó para infraestructura”, señalo un líder transportador de la Ruta 45a. Según las cifras presentadas, se requieren al menos 5 billones de pesos para recuperar integralmente la vía, mientras que los recursos actuales parecen destinarse mayoritariamente a interventorías y convenios que no se reflejan en el asfalto.
Tras la reunión, en la que se notó la ausencia del Director Nacional de Invías y de la Ministra de Transporte, se establecieron los siguientes puntos críticos:
Reubicación del Peaje: Se solicita trasladar la caseta a un punto con mayor espacio que permita la instalación de rampas de frenado y bahías de emergencia.
Tarifas Diferenciales: Alcaldías de Nemocón y Tausa exigen descuentos sustanciales en el cobro del peaje para los habitantes de la zona de influencia.
Seguridad Vial Permanente: Como medida inmediata, se anunció que una ambulancia, carro taller y grua permanecerá de forma fija en puntos críticos para atender los accidentes casi diarios que registra el corredor.
Auditoría y Transparencia: Se ha solicitado un mes para culminar una auditoría integrada que defina el destino de los 40 mil millones de pesos vinculados a un contrato que, a pesar de vencerse, recibió una adición presupuestal de al rededor de 13 mil millones.
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo realizarán el seguimiento a los compromisos. Sin embargo, los alcaldes advirtieron que, de no obtener respuestas concretas en la audiencia pública programada para el próximo 20 de Mayo se procederá con acciones de cumplimiento y demandas contra el Estado para salvaguardar la vida de los usuarios. “Si no hay inversión, no puede haber recaudo”, es la consigna que retumba en la región. El próximo 20 de mayo en Nemocón se llevará a cabo una rendición de cuentas donde el Instituto deberá explicar la relación entre los millonarios recaudos de los peajes y la ausencia de mejoras en la infraestructura vial de Cundinamarca.
