El proceso judicial contra el expresidente entra en una fase determinante tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolverlo de los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Frente a este fallo de segunda instancia, que dejó sin efecto la condena previa de 12 años, los apoderados de las víctimas y la Fiscalía General de la Nación han interpuesto un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Radicada el pasado 13 de enero, esta acción busca la revisión técnica de la sentencia proferida el 21 de octubre de 2025, con el fin de determinar la legalidad del fallo absolutorio.
Entre las víctimas se encuentran el senador, defensor de derechos humanos y precandidato presidencial, Ivan Cepeda Castro, la médica Deyanira Gómez Sarmiento y los doctores Eduardo Montealegre Lynett y Jorge Perdomo Torres, con la representación de los abogados Reinaldo Villalba Vargas, Miguel Ángel del Río y Juan David León, quienes habían solicitado un plazo de 30 días dado “la extensión de las decisiones de primera y segunda instancia y el amplio acervo probatorio practicado en el juicio oral”. Plazo que fue otorgado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Según el Espectador, el recurso de casación, argumenta que “la sentencia de segunda instancia incurrió en errores de juicio con aptitud para afectar el derecho material y, en particular, las garantías que les asisten a las víctimas dentro del proceso penal”, desconociendo “las reglas de producción, apreciación y valoración de la prueba, o que arriba a conclusiones sin el soporte argumentativo exigible por la sana crítica, no solo compromete la corrección de la declaración de justicia, sino que impacta directamente los derechos de las víctimas a una decisión fundada, coherente con el acervo y respetuosa del debido proceso”.
¿Cuál fue la sentencia en segunda instancia?
El Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de 12 años impuesta en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe, declarándolo inocente de los delitos de soborno y fraude procesal. La decisión mayoritaria de los magistrados se fundamentó en que el juzgado previo incurrió en errores metodológicos y “falacias interpretativas” al asumir que el interés de Uribe por obtener pruebas equivalía a un dolo como determinador. Bajo esta premisa, el Tribunal desestimó pruebas que antes se consideraban cruciales, argumentando que no existe evidencia suficiente para demostrar que el exmandatario dio órdenes directas a su abogado, Diego Cadena, para presionar testigos o fabricar testimonios.
Una de las determinaciones más determinantes fue la exclusión de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y Cadena, las cuales el Tribunal calificó como una “negligencia grave” que vulneró el derecho a la intimidad, invalidándolas como prueba. Asimismo, la sala desestimó los episodios relacionados con los testigos Carlos Vélez, Eurídice Cortés y Juan Guillermo Monsalve, señalando que en los dos primeros no se probó que los pagos realizados hubieran sido ordenados por Uribe, y en el caso de Monsalve, cuestionó la credibilidad otorgada inicialmente a los testimonios de cargo, considerándolos deficientes y sesgados.
A pesar de la decisión mayoritaria, la magistrada María Leonor Oviedo presentó un salvamento de voto, manifestando que la sentencia condenatoria de primera instancia debió confirmarse en su totalidad. Para Oviedo, las conductas del expresidente sí se encuadran en los delitos imputados y criticó la anulación de las escuchas telefónicas, diferenciando entre pruebas ilícitas y aquellas que simplemente presentan irregularidades legales. Según su postura, el análisis de las pruebas en el juicio oral permitía sostener la responsabilidad penal de Uribe, contradiciendo la tesis de la inocencia defendida por sus colegas de sala.
