Durante este lunes 19 de mayo, el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, anunció la apertura de investigación formal contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la operación de los sistemas automáticos de fotodetección (SAST). La decisión no solo dejará sin validez a más de 5,8 millones de comparendos que aún no han sido cancelados, sino que abre la puerta a una millonaria devolución de dinero para los conductores que ya pagaron de forma irregular.
Los hallazgos de la SuperTransporte apuntan a que estas autoridades viales habrían violado los requisitos técnicos obligatorios exigidos por la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. Específicamente, se detectó la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, un aval indispensable que garantiza la confiabilidad de los equipos. Según la entidad, 12 organismos operaban sin este concepto, 7 usaban avales de terceros y 18 consiguieron el documento técnico mucho después de haber empezado a multar a los ciudadanos.
Entre las capitales y municipios investigados aparecen nodos principales de movilidad como Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga y Soledad, entre otros. Las dimensiones del recaudo ilegal bajo sospecha son monumentales: de los 7,5 millones de comparendos impuestos de forma irregular, 1.582.398 ya fueron cancelados por los conductores, sumando un recaudo que supera los $1,05 billones de pesos. De confirmarse las fallas, la ley obligará a las alcaldías a devolver hasta el último peso a los afectados y a pagar multas que duplicarían lo recaudado, con sanciones que podrían superar los $2,1 billones.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, fue enfática al señalar que esta intervención busca poner fin a los abusos en las vías. “Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, afirmó.
Las cifras más escandalosas de comparendos sospechosos se concentran en:
- Cali, con 2,7 millones de infracciones registradas
- Medellín, con más de 717 mil
- Bogotá, con cerca de 294 mil
- Barranquilla, con más de 131 mil.
Para alivio de más de 1,4 millones de conductores con cobros pendientes en estas dependencias, un total de 5.832.906 fotomultas deberán ser revocadas de oficio por las autoridades territoriales al carecer de validez jurídica.
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, aclaró que la medida regulatoria no pretende debilitar los controles de velocidad o de comportamiento en las vías, sino garantizar el debido proceso. “No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”, señaló.
