En un hecho que resalta la importancia de la participación ciudadana en las decisiones de desarrollo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) suspendió formalmente los términos del trámite para modificar la licencia ambiental del proyecto de energía eléctrica “Subestación Chivor II y Norte 230 kV“. La decisión, adoptada mediante el Auto 004444 del 26 de mayo de 2026, responde a las alertas e inquietudes de los habitantes de Cogua, Tabio y Subachoque, quienes durante la Audiencia Pública Ambiental del pasado 16 y 17 de mayo, advirtieron sobre los riesgos latentes que la infraestructura representa para los corredores biológicos del tigrillo (Leopardus tigrinus), así como potenciales impactos arqueológicos y electromagnéticos.
El proyecto, liderado por el Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. (GEB), busca realizar modificaciones a un trazado que recorre varias zonas rurales de Boyacá y Cundinamarca. Sin embargo, lo que parecía un trámite institucional ordinario dio un giro decisivo tras la celebración de las jornadas de socialización y la Audiencia Pública Ambiental.
En dichos espacios, la comunidad no guardó silencio. Ciudadanos y organizaciones sociales presentaron un total de 12 intervenciones específicas, tanto verbales como documentales, enfocadas en la protección de la fauna silvestre, evidenciando que el área del trazado interfiere directamente con las zonas de movilidad y conectividad ecológica del tigrillo, una especie vulnerable en la región.
Pero las alertas ambientales no fueron las únicas de la jornada. Los pobladores de municipios como Tabio manifestaron sus temores frente al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), cuestionando si las distancias de seguridad y la exposición a campos electromagnéticos de las redes de alta tensión han sido evaluadas con el rigor técnico necesario.
Adicionalmente, según la autoridad ambiental, cuatro intervenciones pusieron el foco sobre el patrimonio histórico, denunciando supuestas inconsistencias en los estudios de identificación y reporte de hallazgos arqueológicos presentados por la empresa evaluada. Ante el peso de estos argumentos, la ANLA determinó que las inquietudes de los habitantes no son “una simple oposición general al proyecto”, sino hechos sobrevinientes con alta relevancia técnica que el Estado no puede pasar por alto.
Con el fin de verificar objetivamente la situación, la autoridad suspendió el proceso y envió solicitudes de información a tres entidades: al Instituto Alexander Von Humboldt, para estudiar los corredores del tigrillo; al Ministerio de Minas y Energía, para revisar los parámetros electromagnéticos; y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), para evaluar el manejo del componente arqueológico.
Según la autoridad ambiental, “brindar especial atención a las preocupaciones manifestadas por la comunidad durante la Audiencia Pública sobre la especie Leopardus tigrinus se traduce además en darle cumplimiento por parte de esta Autoridad Nacional a las disposiciones del ‘Acuerdo de Escazú”, el cual destaca el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones y que se materializa cuando se valora e incorpora el conocimiento local.
La suspensión temporal de este trámite administrativo, más allá de las implicaciones logísticas o económicas que la pausa represente para el contratista, el dictamen de la ANLA deja en claro que el desarrollo energético del país no puede avanzar a espaldas de la conservación de la biodiversidad local ni de la seguridad de sus habitantes. El destino de las líneas de alta tensión en Cundinamarca queda ahora supeditado a lo que la ciencia y el saber comunitario dictaminen sobre el futuro del pequeño tigrillo y la biodiversidad que lo atraviesa.
