Durante el tercer periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Cogua, fue aprobado por mayoría el Proyecto de Acuerdo N.º 15 de 2026, mediante el cual se autoriza al alcalde Cristian Chávez a adquirir un crédito por hasta 10 mil millones de pesos. Aunque la medida cuenta con el respaldo de la mayoría de concejales, ha sido cuestionado por el impacto en la capacidad fiscal del municipio y el elevado costo de rubros específicos, como la adquisición de un busetón por 800 millones de pesos.
Los recursos del crédito público se proyectan para financiar seis frentes de inversión:
- Infraestructura educativa: $3.550 millones destinados a la construcción, ampliación y mejoramiento de sedes escolares.
- Centro de Integración Social y Comunitario: $2.300 millones para su construcción.
- Gestión ambiental y de residuos (PGIRS): $1.350 millones para la adquisición de un vehículo compactador.
- Malla vial: $1.000 millones para la intervención de vías rurales y urbanas.
- Seguridad ciudadana: $1.000 millones para la compra, instalación y puesta en funcionamiento de cámaras de videovigilancia.
- Inclusión y movilidad: $800 millones para la adquisición de un busetón adaptado para población en condición de discapacidad.
Frente a la destinación de estos recursos y la solicitud de este crédito, la presidenta de Asojuntas Cogua Alejandra Castañeda, cuestionó la capacidad de endeudamiento del municipio, así como los recursos reembolsados en una solicitud de crédito hace dos años por 20 mil millones de pesos, ad portas, además, de más de un año faltante del periodo de gobierno actual.
Dicha solicitud, se realizó ante el concejo en 2024, donde se suscribió una operación de crédito público por 20 mil millones de pesos para el funcionamiento de 10 proyectos. Sin embargo, tal y como expuso Viviana García, Secretaría de Hacienda, en la sesión de debate de control político del proyecto n° 15, apenas se han desembolsado 1.500 millones de pesos.
Con la suma de este nuevo compromiso, la deuda pública acumulada de Cogua superaría los 30 mil millones de pesos, comprometiendo las finanzas de las próximas administraciones. “Los gobiernos pasan, pero las obligaciones financieras permanecen”, enfatizó Castañeda, quien sostuvo además que “el debate no es si necesitamos inversión sino qué proyectos deben ser prioritarios y si vale la pena financiarlos mediante deuda pública”.
Asimismo, la líder comunal puso la lupa sobre la conveniencia del vehículo de 800 millones de pesos. “¿Es indispensable comprarlo para garantizar el traslado de nuestra escuelas de formación? ¿o podría resolverse mediante un contrato de transporte que preste este servicio? el municipio cuenta con recursos propios o gestión ante el departamento y lo puede adquirir”, cuestionó a través de sus redes sociales.
La postura de la Administración Municipal
Frente a las críticas, el alcalde Cristian Chávez defendió la viabilidad técnica y financiera del proyecto, asegurando que el municipio mantiene indicadores fiscales sólidos. “El municipio ha tenido siempre salud financiera, la seguirá teniendo y tiene su semáforo en verde”, afirmó el mandatario, argumentando que las obligaciones vigentes heredadas de periodos anteriores, como las contratadas en las alcaldías de William Forero y Flor Murcia, culminarán su ciclo de pago el próximo año.
Respecto al manejo del crédito anterior, Chávez precisó que de la suma autorizada en 2024 está programado saldar $7.146 millones durante la vigencia de 2027, garantizando el flujo de caja.
En relación con el polémico rubro del busetón por $800 millones, el alcalde justificó la cifra señalando que el monto responde a estudios técnicos y de mercado. Según explicó, los soportes contractuales se remitieron a la plataforma Colombia Compra Eficiente, entidad que validó la estimación de costos. Adicionalmente, el mandatario destacó que “el bus cuenta con todas las especificaciones técnicas para la población en condición de discapacidad”, lo que eleva el valor final del equipo especializado.
