La Corporación Autónomo Regional de Cundinamarca (CAR), con el apoyo de la Unidad Integral de Gobierno Ambiental (UIGA), este 28 de septiembre dio golpe a la extraccion y explotacion ilegal de arena y materiales de construcción en zona rural del municipio de Chocontá, en la cuenca del río Bogotá.
Las personas que explotaban y extraían estos materiales no contaban con licencia ambiental, según la CAR los dueños de la mina solicitaron el trámite de renovación pero la corporación ambiental no cedió por graves daños al medio ambiente derivadas de la explotación intensiva y antitécnica que se estaba presentando en el lugar. Por tal motivo fueron sorprendidos en flagrancia el desarrollo de minería a cielo abierto mediante uso de maquinaria pesada en el bosque altoandino.
En una investigación realizada en la Universidad de Santander UDES, este tipo de minería a cielo abierto puede causar deforestación, contaminación del agua, degradación del suelo, pérdida de biodiversidad, esto hace que la restauración de las áreas explotadas requieran un proceso de reconstrucción ambiental.
“Es importante señalar que, la Corporación, no sólo negó la expedición de la licencia ambiental sino que además impuso la orden de iniciar el plan de cierre para la cantera de explotación de materiales de construcción, mediante acciones de reconformación del terreno que brindaran la estabilidad necesaria para que no se generen fenómenos de remoción en masa”, explicó el subdirector de Autoridad Ambiental de la CAR, Bryan Guillermo Martínez. Durante el operativo según las CAR en las imágenes tomadas por drones, se muestran las cicatrices, los pocos árboles y raíces de vegetación en medio de la maquinaria pesada mostrando un terreno debilitado.
Sin embargo los propietarios incumplieron dichas acciones, siguieron operando de manera ilegal, que podría, según las autoridades esto puede conllevar a multas y sanciones a las que deberán enfrentarse, La policía formalizó su captura de dos personas encontradas en el predio y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General quien seguirá el proceso.
La ley 2111 del 2021, “la persona que promueva, financie, dirija, facilite o se beneficie económicamente de la tala, quema o destrucción de una o más áreas de bosque natural que, en conjunto, tengan una extensión igual o superior a una hectárea, podrá enfrentar una pena de prisión de 96 a 180 meses y una multa de entre 300 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
