La Policía Nacional, en un operativo coordinado el pasado 8 de mayo con la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en el departamento de Cundinamarca, logró la captura mediante orden judicial de Mauricio Linares Bustos. El detenido es señalado como el presunto responsable de agredir sexualmente a su propia hija, una menor de 12 años de edad, aprovechando los espacios de intimidad y los periodos de custodia que legalmente mantenía con la pequeña en esta región del país.
La detención se materializó en una zona rural de Tenjo, específicamente en la vereda Chince, sector del Camellón Pan de Azúcar. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el procesado presuntamente instrumentalizaba los momentos en que la víctima conciliaba el sueño para cometer los abusos. La alarmante situación empezó a esclarecer cuando la progenitora de la niña detectó cambios drásticos y extraños en el comportamiento de su hija, lo que la motivó a interponer la denuncia de manera inmediata ante los organismos competentes para activar las rutas de atención.
Tras recibir el reporte, la Unidad Básica de Investigación Criminal de Tenjo dio apertura a la noticia criminal y coordinó de forma prioritaria el traslado de la menor de edad a un centro médico asistencial. Fuentes de la Policía Nacional seccional Cundinamarca indicaron que este procedimiento se realizó bajo estrictos protocolos de derechos humanos, señalando que, “la pequeña fue trasladada a un centro médico para su valoración, salvaguardando su integridad en todo momento y recopilando los elementos materiales probatorios necesarios para el caso”.
El acervo probatorio recolectado por los investigadores de la SIJIN permitió que la Fiscalía General de la Nación judicializara formalmente a Linares Bustos. Durante las audiencias concentradas, el ente acusador le imputó los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado, en concurso con acceso carnal violento agravado, debido al vínculo de consanguinidad y la vulnerabilidad de la víctima. Tras evaluar la contundencia de las pruebas, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
La Policía Nacional ratificó que mantendrá activos los canales de atención especializados e instó a la comunidad a denunciar oportunamente a través de las líneas de emergencia cualquier sospecha o indicio que ponga en riesgo la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.
