Tras detectar un incremento atípico en los precios de la energía ofertada por las principales generadoras hidroeléctricas del país, específicamente EPM, Enel y AES Colombia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició un requerimiento a todos los generadores para que respondan si dichas ofertas corresponden a los costos operativos y de producción, debido a que este encarecimiento se registra en un periodo de persistentes lluvias y antes de la consolidación oficial del fenómeno de El Niño, un escenario climático que usualmente es el que justifica mayores costos por escasez de agua.
La vigilancia de la entidad no solo se centró en las tarifas de la bolsa de energía, sino también en el comportamiento operativo de las empresas. Ante esta situación, la entidad requirió formalmente a todas las empresas del Sistema Interconectado Nacional (SIN) demostrar con soportes contables que sus ofertas comerciales reflejan fielmente la realidad financiera de sus operaciones.
El superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, advirtió sobre la rigurosidad con la que se evaluará la conducta de las compañías del sector: “Los precios de oferta declarados por los agentes generadores nos dan señales de alerta, y estos niveles requieren validación exhaustiva frente a los costos variables y costos de oportunidad reales de cada planta. Los usuarios merecen que las tarifas que pagan tengan sustento técnico y económico real” señaló a través de sus redes sociales
Este nuevo requerimiento se produce en un ambiente de tensión institucional, precedido por una sanción de 2.847 millones de pesos impuesta a Enel Colombia a finales de abril por hallar distorsiones en la formación de precios de la energía en bolsa. La controversia pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la regulación de las transacciones energéticas en el país y los riesgos de concentración del mercado.
De comprobarse que las hidroeléctricas inflaron artificialmente sus precios por encima de sus costos reales de producción, las empresas podrían enfrentarse a millonarias sanciones económicas y a investigaciones adicionales por parte de las autoridades de competencia, en un esfuerzo por proteger el bolsillo de los hogares colombianos ante posibles abusos de posición dominante.
