Este 10 de junio, Colombia marcó un hito en su agenda legislativa con la aprobación del proyecto de ley “Cuerpos Libres de Mutilación Genital Femenina”. La iniciativa, impulsada por mujeres emberá, busca erradicar esta práctica en el país, que hasta hoy era el único de la región donde no contaba con una prohibición expresa.
El proyecto fue construido de manera conjunta entre congresistas, académicos y organizaciones sociales. Más allá de su carácter sancionatorio, la ley adopta un enfoque preventivo y cultural mediante una política pública estructurada en tres ejes fundamentales: el desarrollo de acciones pedagógicas para transformar prácticas culturales que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las niñas; el fortalecimiento de los sistemas de información en salud, además de la creación de rutas de atención integral para garantizar una respuesta oportuna a las víctimas.
“Esto no es una práctica cultural; esto es una práctica nociva impuesta en nuestro territorio. Las mujeres emberá hemos luchado desde el territorio y hemos traído esta propuesta al Congreso para que los senadores y los representantes nos ayudaran a que hoy este proyecto de ley se convirtiera en una realidad”, señaló Juliana Domincó, lideresa emberá, durante la plenaria.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud, procesados a través del sistema SIVIGILA, entre 2020 y la fecha se han registrado 216 casos de mutilación genital femenina en el país, concentrados principalmente en el departamento de Risaralda, con incidencias menores en Chocó, Antioquia, Cauca, Quindío y Bogotá.
Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), esta es una práctica que vulnera los derechos humanos y genera “complicaciones y efectos perjudiciales físicos y psicológicos, así como sociales y económicos que se prolongan durante toda la vida”. Asimismo, el organismo advierte que la práctica está vinculada a “normas sociales de género desiguales y a patrones culturales que perpetúan la discriminación y las violencias basadas en género”.
Con la sanción de esta ley, el Estado colombiano formaliza el marco jurídico necesario para combatir la violencia de género y proteger los derechos fundamentales de las niñas en el territorio nacional, dando paso ahora a la etapa de reglamentación y ejecución de las rutas de atención y prevención contempladas en la normativa.
