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Control político a la secretaria de movilidad de Zipaquirá: El debate por el Centro de Despachos y la “guerra del centavo”

Tras un debate de control político a la secretaría de Movilidad en el Concejo Municipal convocado por el concejal Camilo Calderón junto al concejal Roberto Méndez, salieron a la luz las problemáticas que hoy afectan tanto a los conductores de servicio público como a los ciudadanos que transitan diariamente por el municipio: la operación del Centro de Despachos y los presuntos cobros irregulares que estarían asfixiando económicamente a los transportadores.

Uno de los puntos centrales de la discusión radica en aclarar la verdadera naturaleza del espacio donde operan los buses en el municipio. Aunque popularmente se le conoce como “el terminal”, las autoridades locales enfatizaron que Zipaquirá no cuenta con un terminal de transporte.

– Falta de habilitación: La normativa nacional exige inversiones específicas y una habilitación especial otorgada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte para ostentar la categoría de terminal, un requisito que nunca se ha tramitado en el municipio ni fue incluido en el Plan de Desarrollo.

– Infraestructura de apoyo: Actualmente, la Superintendencia cataloga este espacio como una infraestructura de apoyo al transporte.

Esta figura permite que la administración municipal asuma el control directo del lugar, vigile la contratación y el arrendamiento de oficinas y espacios públicos, y vele por el buen trato hacia los funcionarios, arrendatarios, conductores y usuarios.

Cobros dobles y el detonante de la “guerra del centavo”:

Detrás de las quejas ciudadanas por buses que se pasan los semáforos en rojo, invaden las cebras o conducen a exceso de velocidad, existe un problema estructural que afecta el bolsillo de los conductores.

Según lo expuesto en el recinto del Concejo, algunas empresas de transporte estarían realizando cobros excesivos y presuntamente irregulares a sus conductores, llegando a exigir hasta dos tasas de uso, cuando el Decreto 1079 de 2015 establece claramente que solo debe cobrarse una. 

“Este detrimento económico obliga a los choferes a salir a las calles a disputar la llamada “guerra del centavo“, quemando tiempo en ciertos paraderos para recoger pasajeros y acelerando de forma imprudente en otros tramos para cumplir con los tiempos de despacho”, agregó Calderón.

Respecto al costo de los pasajes intermunicipales, la Secretaría de Movilidad aclaró los límites de su competencia:

– Tarifas: El incremento anual de los pasajes debe regirse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior y sustentarse mediante una estructura de costos que las empresas presentan directamente ante el Ministerio de Transporte.

La autoridad local únicamente vigila que no se excedan los valores avalados por el Ministerio.

– Control y alcoholemia: Bajo los parámetros del Decreto 1079, normativas del Ministerio de Trabajo y resoluciones de Medicina Legal, se continúan ejecutando convenios del Plan de Seguridad Vial.

Esto incluye pruebas rigurosas de alcoholemia, capacitaciones a los conductores y el despliegue de agentes de tránsito en puntos semaforizados para frenar el exceso de velocidad.

El debate concluyó con dos compromisos concretos para poner orden en la casa:

1. Mesas de trabajo: Se instalarán espacios de concertación con empresas, conductores, concejales y comunidad antes del 15 de diciembre.

2. Nuevo reglamento: Antes de que finalice el año, la administración expedirá un reglamento oficial para el Centro de Despachos, con el fin de fijar reglas claras sobre su funcionamiento, administración y cobros permitidos.

El reto para Zipaquirá no solo pasa por sancionar las infracciones en la vía, sino por sanear las condiciones laborales y operativas desde el punto de partida de cada ruta, apostando por la cultura ciudadana y el consenso entre todos los actores viales