Revista Semana tuvo acceso a la denuncia puesta ante la Procuraduría General de la Nación por parte del Coronel de la Policía Nacional Edgar Bernardo Moreno Ossa, quien habría expuesto presuntas irregularidades en el funcionamiento de un servicio policial en la finca El Pencil, ubicada en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca. Por estas presuntas irregularidades el coronel habría sido objeto de hostigamiento, acoso laboral, entre otras medidas administrativas.
En la denuncia expuesta por el medio anteriormente citado, estarían presuntamente involucrados varios oficiales. Se trataría de el jefe nacional del Servicio de Policía, brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón; el director de Talento Humano, brigadier general Andrés Fernando Serna Bustamante; el entonces director de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos; el teniente coronel Harol Alfonso Ochoa Vásquez.
Los hechos denunciados habrían ocurrido entre junio y septiembre de 2025, donde, según el reportaje de Semana, Ossa “aseguró que la finca donde permanecía personal de Carabineros no reunía condiciones de seguridad ni habitabilidad”. Dichas condiciones serían la “ausencia de cobertura de la red celular, barreras perimetrales, planes de emergencia y otras condiciones”.
Tras dichas advertencias, el coronel tuvo un serie de actuaciones administrativas que pasaron por anotaciones negativas en sus evaluaciones de desempeño hasta el traslado a la Dirección de Antinarcóticos, práctica de prueba psicofísica de poligrafía y vacaciones anticipadas que nunca solicitó Ossa.
Según lo expuesto por Semana, estas actuaciones tendrían como fin “afectar su permanencia en la Policía Nacional”. Como parte de sus pruebas, el coronel acusó de presuntas retaliaciones al brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón, quien el 20 de marzo de 2026 le habría manifestado una advertencia intimidatoria.
Ossa habría señalado que, posteriormente, el 15 de mayo de 2026, fue sometido a una prueba de polígrafo de origen desconocido sobre supuestos nexos con el narcotráfico y filtración de datos, para luego ser obligado a salir a vacaciones inmediatas no solicitadas mediante documentos administrativos en los que presuntamente se falsificó su consentimiento.
Por estas decisiones el coronel solicitó a la procuraduría asumir el caso y abrir una investigación disciplinaria. Serán las autoridades competentes quienes determinen la responsabilidad de los acusados y de verificar la legalidad y finalidad de las actuaciones anteriormente expuestas.
