El caso judicial de Daneidy Barrera Rojas, popularmente conocida como Epa Colombia, ha configurado uno de los procesos más seguidos por la opinión pública en el país debido a la intersección entre las redes sociales, los límites de la protesta ciudadana y la responsabilidad ante la infraestructura pública.
Los hechos se remontan al 22 de noviembre de 2019, en medio de las movilizaciones del paro nacional, cuando la entonces creadora de contenido grabó y difundió un video en el que aparecía destruyendo con un martillo los vidrios y torniquetes de la estación Molinos del sistema de transporte masivo TransMilenio en Bogotá. Aquella conducta desató una investigación penal que derivó en cargos por daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e incitación a delinquir con fines terroristas.
Durante las primeras etapas del proceso, aunque un juzgado inicial le otorgó una condena condicional, las apelaciones de la Fiscalía y las decisiones de segunda instancia modificaron el panorama jurídico. En 2021, el Tribunal Superior de Bogotá aumentó la pena privativa de la libertad a más de cinco años, decisión que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Tras su reclusión y posterior traslado a centros carcelarios de mayor seguridad, el proceso sumó un nuevo hecho procesal enfocado en la reparación de los perjuicios económicos causados al sistema masivo de transporte.
Aceptan acuerdo de compensación y cultura ciudadana con TransMilenio
Un juzgado de Bogotá aprobó formalmente la conciliación y el acuerdo de reparación integral entre TransMilenio S.A. y Daney Barrera Rojas, fijando una compensación total de 467 millones de pesos por los destrozos. El pacto incluye un abono inicial en efectivo de 100 millones de pesos, además de compromisos orientados a la cultura ciudadana y a la resocialización digital.
Dentro de estas obligaciones, la empresaria acordó la realización de 55 videos pedagógicos dirigidos a promover el cuidado del sistema y prevenir la evasión del pasaje. Ante la restricción vigente que le prohíbe el uso de redes sociales durante su reclusión, ella misma aclaró los plazos ante las instancias judiciales. “Eso lo tengo muy claro, que no se pueden utilizar las redes sociales hasta que no se cumpla la pena, cuando se cumpla la pena, se hacen los 55 videos”, señaló Daney Barrera Rojas.
Al mismo tiempo, la influenciadora se refirió a la proyección de su tiempo de reclusión y a la posibilidad de obtener la detención domiciliaria por acumulación de trabajo o estudio, manifestando “llevo una condena de 63 meses, pero llevo casi 26 con descuento. No voy para la condicional, pero sí para la domiciliaria.”
No obstante el aval a este acuerdo económico y de contenido pedagógico, las autoridades recordaron que la conciliación no extingue la sentencia principal de cárcel. De este modo, el proceso avanza en la indemnización de los daños, mientras la empresaria continúa cumpliendo su sanción a la espera de los tiempos definidos por la justicia.
