El mercado de combustibles en Colombia protagonizó un inusual movimiento económico e institucional luego de que se decretara un reajuste en las tarifas del galón de gasolina corriente, una medida que horas más tarde terminó siendo frenada de manera drástica por orden directa del Ejecutivo. La circunstancia expone las tensiones reflejadas entre los cálculos técnicos de los ministerios y la sensibilidad social que rodea al costo de la vida en el país.
Todo comenzó cuando los ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía publicaron la resolución que establecía un incremento promedio de $46 pesos por galón de gasolina a escala nacional, situando el precio de referencia en las principales ciudades del país en un promedio cercano a los $15.933 (con variaciones locales que ubicaban a Bogotá en $16.377 y Cali en $16.386). Mientras tanto, el precio del diésel (ACPM) se mantuvo congelado en un promedio de $11.320 por galón, protegiendo temporalmente al sector de carga pesada. Según señalaron las carteras ministeriales, el leve incremento respondía técnicamente a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol (uno de los componentes clave de la estructura del combustible, derivado de la caña de azúcar) como una medida para respaldar la recuperación económica del sector agrícola tras los recientes sismos en la región del Valle del Cauca.
“Nuestro primer deber es con el ciudadano. Cuando sea necesario tomar medidas difíciles, debemos explicarlas de manera clara, transparente y pública al país. Los colombianos merecen respuestas y no pueden ser sorprendidos con decisiones que afecten su bolsillo sin recibir explicaciones”, destacó De la Espriella, interviniendo de manera directa en la decisión y dándole un giro drástico e inesperado.
De manera urgente citó a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, donde le ordenó echar para atrás la medida y revertir de inmediato el incremento, señalando que “la instrucción que he dado es buscar una salida articulada entre todas las entidades del Gobierno y explicar, de manera transparente y pedagógica, las realidades del mercado antes de tomar decisiones que afecten el día a día de los colombianos”.
Con esta orden presidencial, el Gobierno buscó blindar el bolsillo de los ciudadanos y evitar presiones adicionales sobre la canasta familiar, dejando en evidencia que, por encima de las proyecciones técnicas de las carteras económicas, la estabilidad social y la contención del costo de vida se impusieron como la prioridad política del momento. De este modo, los precios del combustible retornaron a su estabilidad previa, abriendo un nuevo capítulo sobre el delicado equilibrio que debe mantener la administración pública entre la disciplina fiscal y el alivio inmediato a la economía de los hogares colombianos.
