El informe, titulado “Radiografía de los Derechos Humanos en Colombia: cifras clave para decidir” presentado por la Defensora del Pueblo Iris Marín Ortíz durante la mañana de este lunes, contiene 5 indicadores para dimensionar las principales problemáticas que enfrenta el país en esta materia: desigualdad estructural y exclusión persistente; violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas; degradación ambiental, cambio climático y derechos de la naturaleza; y reforma rural integral, derechos del campesinado y de los pueblos étnicos.
“Esta radiografía complementa las Decisiones impostergables en materia de derechos humanos para el nuevo gobierno, que se presentó durante el proceso electoral. El inicio de un nuevo período presidencial y la renovación del Congreso de la República representa una oportunidad para preservar lo alcanzado como sociedad y afrontar los desafíos que aún enfrenta el país”, señaló la Defensoría del Pueblo, en su comunicado oficial.
El informe, que no solo destaca las problemáticas y desafíos, también muestra las cifras que han tenido mejora en los últimos años, con la idea de que el nuevo gobierno acoga medidas para mitigar las peores cifras y mantenga a la baja aquellas que han mostrado una mejoría.
Indicadores críticos:
- Desigualdad estructural y exclusión persistente:
Este es uno de los panoramas que constituyen uno de los principales desafíos para la consolidación de un Estado Social de Derecho, y si bien según la Defensoría del Pueblo señala que existen avances, las cifras muestran que el acceso a servicios básicos aún enfrentan importantes retos.
| Acceso a seguridad Social | Brechas en salud | Insuficiencia alimentaria | Sobrepoblación carcelaria |
Cerca de 8 de cada 10 personas en edad de pensión no logran acceder a este beneficio, situando la cobertura pensional en un limitado 19,36%, | Solo en 2025 se registraron 2.048.427 reclamos ante la Superintendencia de Salud y 312.573 tutelas radicadas por este derecho. | Mientras la prevalencia en lascabeceras municipales se redujo de 26,8% a 18,1%,en los centros poblados y el área rural dispersa permaneció prácticamenteinalterada pasando de 32,5% a 31,4%. | Hacinamiento promedio del 101% en los centros de detención transitoria (CDT) que alcanza su punto más alarmante en el CDT Sub Minca de Santa Marta con un 13.800% de hacinamiento. |
- Violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas:
El informe señala que, “en materia de seguridad se deberán atender las nuevas dinámicas de violencia” además de evidenciar una criminalidad no solo organizada simo también persistente, fragmentado y con gran capacidad para transformarse.
El deterioro de la seguridad y del conflicto armado en el país se reflejan en el impacto victimizante sobre la población civil, las comunidades étnicas, la infancia y los firmantes de paz. Este complejo panorama se ve agravado por la irrupción de nuevas dinámicas bélicas, como el uso de drones, y por la expansión de los cultivos de coca.
| Masacres | Homicidios a firmantes de paz | Confinamientos | Afectaciones a la primera infancia |
51 masacres cobraron la vida de 2.380 personas entre 2019 y el 18 de julio de 2026 | 521 firmantes de paz en proceso de reincorporación fueron asesinados desde la firma del Acuerdo entre 2017 y julio de 2026. | Entre 2019 y 2025 alcanzaron 65.074 afectados, de los cuales un 79,3% en promedio pertenece a Pueblos Étnicos | 71 niños, niñas y adolescentes fallecidos en operativos militares entre agosto de 2022 y junio de 2026. Un contexto alimentado por la expansión del narcotráfico, cuya siembra de cultivos de coca alcanzó en 2024 el mayor nivel en el seguimiento histórico del país con 261.386 hectáreas. |
- Degradación ambiental, cambio climático y derechos de la Naturaleza
El deterioro ambiental y la vulnerabilidad ante desastres naturales configuran un escenario crítico para el territorio colombiano. En materia de bosques, la deforestación ascendió a 119.483 hectáreas en 2025, con la Amazonía como la región más golpeada al concentrar el 65% del total nacional (77.805 hectáreas).
A la par, la explotación ilícita de yacimientos mineros muestra un preocupante avance, habiendo registrado 323 municipios afectados en 2022, un incremento del 19% frente a 2021, y alertas de la Procuraduría por el uso de mercurio en 26 de los 32 departamentos del país.
Esta degradación del entorno coincide con un elevado riesgo para la población, en tanto que 41,2 millones de habitantes se ubican en áreas de amenaza sísmica alta o intermedia y 30,7 millones se encuentran expuestos a una susceptibilidad alta o intermedia frente a incendios de la cobertura vegetal.
- Reforma rural integral y derechos del campesinado y de los Pueblos Étnicos
En este eje, la Defensoría expone de qué manera se garantiza el derecho a la igualdad en la propiedad rural, mostrando altas brechas de desigualdad, así como analiza el programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos. Para la Defensoría este eje constituye “El acceso a la tierra, el reconocimiento de los derechos territoriales y el desarrollo rural constituyen condiciones esenciales para reducir las desigualdades históricas que afectan especialmente al campesinado y a los Pueblos Étnicos”
Concentración de la tierra en Colombia | Brechas de pobreza en Pueblos Étnicos: | Acceso al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) |
| Solo el 1% de los mayores propietarios concentra el 45% de la tierra y el 10% controla más del 80%. | En 2024, la pobreza monetaria en hogares con jefatura indígena alcanzó el 58,5% (frente al 29,3% en hogares no étnicos), mientras que en 2025 la pobreza multidimensional afectó al 37,9% de la población indígena en comparación con el 7,9% de la no étnica | De las 99.097 familias inscritas en el programa, solo el 11% ha recibido la totalidad de los apoyos para proyectos productivos de ciclo largo |
- Pluralismo democrático, espacio cívico y libertad de expresión
El deterioro en las garantías para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de prensa representa un crítico desafío de seguridad en Colombia. Entre 2016 y junio de 2026, un trágico saldo de 1.743 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos fueron asesinados en el territorio nacional.
A esta sistemática violencia se suma el constante riesgo que enfrentan los periodistas, habiéndose registrado 711 agresiones entre enero de 2025 y el 15 de junio de 2026, dentro de las cuales figuran 275 amenazas, 3 homicidios y 1 tentativa de homicidio, cifra que se enmarca en un alarmante acumulado de 12 periodistas asesinados en el país entre 2020 y 2026.
De esta manera, con este informe la Defensoría busca que el nuevo Ejecutivo y el Congreso tracen una hoja de ruta clara: blindar los avances alcanzados en los últimos años y volcar acciones de fondo e inmediatas hacia los frentes donde la vulneración de derechos humanos se sigue profundizando.
