La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el pasado 17 de marzo la reforma al artículo 27 de la Constitución, la cual habilitará la cadena perpetua para los delitos de homicidio, violación y terrorismo en todo el territorio nacional. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que tiene poderes casi absolutos en el marco del estado de excepción que lleva desde marzo de 2022, presentó su iniciativa al Congreso días después de que varias ONG’S lo señalaron de cometer “crímenes de lesa humanidad”.
Durante la sesión, los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, Francis Merino Monroy, presentaron una hoja de ruta que contempla modificaciones estructurales al Código Penal, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de dotar al sistema judicial de herramientas coercitivas sin precedentes en la historia reciente del país salvadoreño.
El ministro Villatoro defendió la iniciativa asegurando que estas reformas buscan que el sistema judicial recupere la credibilidad ante la ciudadanía y garantice que el victimario reciba una sanción proporcional a la gravedad de sus actos. Según detalló el funcionario, el paquete de reformas incluye cambios en los artículos 128 y 129 del Código Penal para el homicidio, así como en los apartados referentes a la violación y agresión sexual agravada.
Además, la propuesta eleva a cadena perpetua las penas por feminicidio y feminicidio agravado, delitos que actualmente oscilan entre los 20 y 50 años de cárcel. Villatoro fue enfático al señalar que esta transformación es necesaria para romper con las deficiencias del pasado: “Por 30 años de fracaso en un sistema judicial que nos dejaron, los criminales albergan una esperanza. El sistema ponía en libertad a los delincuentes, eso se pretende cambiar”, puntualizó el ministro durante su intervención ante los diputados.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa y de la Comisión Política, Ernesto Castro, subrayó que esta armonización de leyes marcará un antes y un después en la justicia salvadoreña, priorizando el rigor contra quienes atentan contra la vida y la integridad de la población. “Una vez más, vamos a ser parte de la historia de este país para que los homicidas, los violadores y los terroristas pasen toda la vida en la cárcel”, afirmó el diputado. La iniciativa fue aprobada por 59 de 60 diputados, apenas horas después de ser radicado.
El panorama de derechos humanos en El Salvador
A cuatro años de la implementación del régimen de excepción en El Salvador, el Estado enfrenta severas denuncias por graves violaciones a los derechos humanos en el marco del Plan Control Territorial. Según el informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Grupo Internacional de Expertos (GIPES), se registran aproximadamente 89,000 detenciones bajo este esquema. Santiago Cantón, integrante del grupo de expertos, señaló en entrevista para Caracol Radio que incluso el presidente Nayib Bukele ha admitido que cerca de 8,000 de estos detenidos serían personas inocentes. El documento detalla, además, un sombrío panorama de muertes en centros penitenciarios, torturas y persecución contra periodistas. “La forma en que Bukele ha ejecutado este proceso y el despliegue de estas prácticas representan el desmantelamiento del Estado de derecho”, afirmó Cantón.
Por su parte, Human Rights Watch, señaló este lunes 16 de marzo, que al menos nueve mil salvadoreños deportados por Estados Unidos han sido torturados y, en algunos casos, abusados sexualmente en la prisión de máxima seguridad conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
