La administración de Tunja enfrenta su crisis judicial más aguda. La Fiscalía General de la Nación oficializó el pasado 15 de abril la imputación de cargos contra el actual alcalde, Mikhail Krasnov, y la ciudadana María Luisa Pedraza Canaria, por un presunto entramado de corrupción destinado a direccionar la contratación pública en la Empresa de Construcción de Vivienda de Tunja (Ecovivienda) durante los años 2024 y 2025.
De acuerdo con la investigación liderada por una fiscalía de la Seccional Boyacá, el mandatario habría permitido una “administración paralela” al delegar funciones públicas en Pedraza, una persona externa a la administración. Sin tener un vínculo laboral formal con el municipio, la mujer habría coordinado procesos contractuales, gestionado la vinculación de personal y tomado decisiones administrativas que corresponden exclusivamente a funcionarios de planta o contratistas debidamente vinculados.
El ente acusador sostiene que Pedraza no solo elegía a contratistas que no cumplían con los requisitos legales, sino que además suscribía contratos omitiendo los procesos de selección exigidos por la ley. La investigación también revela que se habrían organizado reuniones para agilizar desembolsos de dinero a favor de contratistas cuyos avances de obra no justificaban los pagos, poniendo en riesgo los recursos destinados a soluciones habitacionales para los tunjanos.
“Abusaron de su cargo para realizar funciones que no le correspondía dado que venían ordenados y direccionados por un particular”, señaló la Fiscalía durante la audiencia. Estas acciones configuran, según los investigadores, una usurpación de funciones públicas avalada desde el despacho principal de la Alcaldía. Ante la gravedad de los hallazgos, el fiscal del caso imputó al alcalde Krasnov y a Pedraza Canaria los delitos de: asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos, usurpación de funciones públicas y abuso de función pública.
Ninguno de los dos investigados aceptó los cargos. Este proceso abre un complejo capítulo jurídico para Tunja, donde la transparencia en la gestión de la vivienda social, un pilar del desarrollo urbano, queda bajo sospecha. La justicia deberá determinar ahora hasta dónde llegó el alcance de esta gestión externa y el grado de responsabilidad del alcalde en lo que parece ser un direccionamiento sistemático del erario municipal.
