El Ministerio de Transporte emitió la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026 para aplazar de manera oficial la puesta en marcha de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), que estaban destinados a iniciar operaciones el próximo 14 de septiembre. Esta decisión busca revisar a fondo la estructura operativa de estos centros y el impacto financiero directo que representarían para los ciudadanos, un tema que tenía con gran temor e incertidumbre a muchos usuarios ante el elevado costo que implicaría sacar la licencia y la falta de información clara al respecto.
Los CALE se crearon bajo el marco de la Ley 2251 de 2022 con el fin de verificar, de forma independiente, que los aspirantes a obtener o recategorizar su licencia de conducción sepan realmente conducir, diferenciándose de las escuelas de conducción que se encargan de la formación. Sin embargo, la medida responde a la necesidad de proteger la economía de los conductores. Mientras que el trámite actual cuesta alrededor de $1,4 millones, la entrada en operación de los CALE proyectaba un incremento de hasta $2,2 millones, es decir, $800.000 adicionales.
A pesar de esta suspensión temporal, el Ministerio aclaró que la Ley 2251 de 2022 sigue vigente y se cumplirá. La revisión integral contemplará la capacidad de los centros registrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la legalidad del contrato interadministrativo —el cual podría mover cerca de $20 billones en los próximos 20 años— y las inconformidades generadas porque la UNAD quedó como único operador a pesar de que otras universidades públicas solicitaron participar, desatando tutelas, denuncias y solicitudes de revocatoria.
“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”, señaló la ministra de Transporte, Elsa Noguera.
Una vez concluya este análisis técnico y jurídico, respetando el debido proceso y la seguridad jurídica, la entidad informará las decisiones definitivas sobre el futuro de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE).
