Recientemente, en el municipio de Chía, dos cámaras de fotomultas han quedado bajo la lupa: una instalada y en operación en la Vía Guaymaral, sector puente “Estrecho Río Bogotá”, y otra en la Avenida Pradilla, en el centro de la Ciudad. Si bien la intención de su instalación se debe a la reducción de la siniestralidad, sus contradictores han señalado que el enfoque de prevención no sería el adecuado, de presuntamente incumplir requisitos técnicos en su instalación y corresponde, además, a una aparente entrega progresiva de lo que sería la instalación de un total de 20 cámaras más.
En el marco de lo que la Alcaldía de Chía denominó Plan Local de Seguridad Vial, diseñado para regular, controlar y monitorear la movilidad en armonía con las directrices del Plan Nacional de Seguridad Vial, se estructuraron cuatro ejes de acción: velocidades seguras, vehículos seguros, cultura de movilidad y cumplimiento normativo, que buscan según un documento técnico de la Alcaldía, reducir la siniestralidad vial y proteger la vida de todos los actores que transitan por el territorio.
Para lograrlo, el esquema contempla la incorporación de Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros Medios Tecnológicos (SAST o fotodetección), priorizando la fiscalización de límites de velocidad y la verificación de las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos en puntos urbanos y rurales con mayores índices de riesgo y accidentalidad identificados en el municipio.
Sin embargo, esta medida desató varios cuestionamientos por parte diferentes ciudadanos que llegaron a las calles de esta ciudad para manifestar su desacuerdo. Felipe Pedraza, quien es líder juvenil en este municipio, cuestionó a través de sus redes sociales, el límite de velocidad fijado tras la instalación de la cámara fotomulta en la Avenida Pradilla (30 KM/H), pues según él, la resolución 063 de 2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial señala un límite contrario (50KM/H).
La fijación de un límite no superior a 30 kilómetros por hora se debió, en su momento, a la cercanía con una institución educativa que, en la actualidad, se trasladó hacia otro sector del municipio. Vanegas cuestiona entonces, “¿cuales son los estudios actualizados que permiten que sigamos sancionando a los conductores que utilizan este tramo vial y que superan los 30KM/H?”
Mauricio Ovalle, uno de los líderes del comité que convocó a la marcha pacífica en contra de la instalación de estas cámaras durante la mañana del lunes 31 de agosto, no solo está de acuerdo en que, aparentemente, no existen motivos para su instalación, sino además advirtió sobre la proyección de instalación de 20 cámaras más dentro del municipio que estarían contenidas dentro de la resolución 063 de 2026.
Por su parte, el Secretario de Movilidad Juan Pablo Ramirez, ha señalado que uno de los principales motivos para la instalación de estas cámaras corresponde a que “el 60% de los siniestros viales ocurrían en la Avenida Pradilla”. E incluso, señaló, que tras la instalación de la cámara instalada en ese sector, se pudo evidenciar que en promedio alrededor de 200 personas no portan el SOAT y ni la revisión técnico mecánica, que es obligatoria por ley.
Así mismo, frente a la detección de la velocidad emitida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la establecida por el municipio, aclaró que “el estudio se realizó sabiendo que el colegio San Josemaría Escriva de Balaguer se iba a trasladar”. Según Ramirez, actualmente, las infracciones se están emitiendo para quienes excedan 50 kilómetros por hora, a pesar de que en la página de la Agencia señala que la velocidad máxima para este sector es de 30 kilómetros por hora.
