En un hecho histórico para la transparencia digital, Meta Platforms Inc. (dueños de Facebook e Instagram) ha presentado formalmente ante la Corte Constitucional el informe de cumplimiento derivado de la Sentencia T-256 de 2025. El documento, publicado en su Centro de Transparencia, detalla los cambios estructurales que la compañía ha debido implementar en Colombia tras el polémico caso que enfrentó a la plataforma con la retirada actriz de contenido para adultos, Esperanza Gómez Silva.
El origen del conflicto se remonta al cierre definitivo de la cuenta de Instagram de Gómez, que contaba con más de 5 millones de seguidores. Meta alegó en su momento el incumplimiento de políticas sobre desnudos y actividades sexuales, pero la Corte determinó que el proceso careció de transparencia, consistencia y debido proceso. Aunque la cuenta no pudo ser recuperada por el paso del tiempo, el fallo protegió los derechos al trabajo, la igualdad y la libertad de expresión de Gómez, sentando un precedente para todos los creadores de contenido del país.
¿Qué dice el informe de Meta?
El documento detalla las acciones adoptadas por la multinacional para garantizar que la moderación de contenidos en Colombia sea transparente, no discriminatoria y respetuosa del debido proceso.
Entre los avances más significativos, Meta confirmó la creación de un canal electrónico exclusivo para que las autoridades judiciales colombianas notifiquen acciones de tutela, facilitando la respuesta institucional ante futuras vulneraciones de derechos en la red. Asimismo, la compañía unificó sus Normas Comunitarias y Condiciones de Uso en un centro de transparencia accesible en español, permitiendo que los usuarios locales comprendan con mayor claridad las reglas de la plataforma y los mecanismos para apelar decisiones de moderación.
Así mismo, destaca la actualización de las políticas sobre desnudez y actividad sexual de adultos, buscando ofrecer criterios más precisos que eviten restricciones arbitrarias. Este cumplimiento marca un hito en la regulación de las redes sociales en el país, pues obliga a las plataformas a someter sus algoritmos y normas privadas a los principios de la Constitución Nacional de Colombia.
Si quiere conocer a fondo el informe de Meta, acceda aquí.
Más allá de las herramientas técnicas, la Corte ha instado a Meta a definir con precisión quirúrgica qué considera “contenido sexual implícito”. La sentencia pide que el Consejo Asesor de Meta emita un dictamen consultivo sobre el uso de conductas actividades fuera de la red como criterio para cerrar cuentas, una práctica que la Corte cuestionó por ser potencialmente discriminatoria.
Este cumplimiento no solo beneficia a las figuras públicas, sino que establece un piso mínimo de respeto para cualquier ciudadano que utilice redes sociales en Colombia. El caso de Esperanza Gómez deja de ser una disputa sobre una cuenta de Instagram para dejarle un mensaje a las plataformas que sus normas comunitarias no están por encima de la Constitución Nacional.
