El pasado 30 de junio, la Policía Nacional respondió a la Revista Semana la queja disciplinaria interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación por el coronel Edgar Bernardo Moreno Ossa, en la que el alto oficial señaló a mandos de la institución por presunto acoso laboral, desviación de poder, presiones administrativas y uso irregular de evaluaciones de personal.
Según dicho medio de comunicación, la institución aseguró que los señalamientos “no corresponden a la realidad” y sostuvo que las decisiones administrativas adoptadas obedecen a procedimientos ordinarios de seguimiento al desempeño. Uno de los puntos centrales expuestos por el coronel Moreno Ossa se relacionaba con advertencias sobre presuntas irregularidades en el municipio de Gachancipá y la utilización de la finca ‘El Pencil’.
Al respecto, la entidad policial detalló ante Semana que “es importante precisar que este predio fue utilizado de manera provisional como lugar de funcionamiento de tres unidades de carabineros, mientras se adelantaban las adecuaciones y la entrega de la sede definitiva asignada para dicho servicio. En consecuencia, no existió ninguna irregularidad en la utilización temporal de estas instalaciones”.
En cuanto a los cambios en la asignación del oficial, la institución aclaró que no se trató de una medida retaliativa o forzada, manifestando que “su traslado obedeció a una reubicación realizada por solicitud propia, conforme a los procedimientos administrativos establecidos para la gestión del talento humano de la institución”.
Asimismo, la Policía señaló aspectos de la hoja de vida del oficial denunciante, argumentando que registró anotaciones por “incumplimiento de indicadores institucionales en materia de convivencia y seguridad ciudadana”. La entidad indicó haber recibido diversas quejas sobre la gestión del oficial por parte de alcaldes de la región.
Según señaló Semana, la Policía manifestó que estas “actuaciones administrativas relacionadas con el talento humano se desarrollan con estricto apego a la normatividad vigente, garantizando el debido proceso y los principios de transparencia, objetividad y legalidad”
Además, puntualizó que “cualquier denuncia presentada por un integrante de la Institución será atendida por las autoridades competentes, quienes determinarán, con fundamento en las pruebas y dentro del marco legal, si existe mérito para adelantar las actuaciones correspondientes”.
De esta manera, será la Procuraduría General de la Nación la encargada de evaluar el expediente, estudiar el material probatorio y determinar si existió alguna falta disciplinaria o si las medidas se ajustaron al marco legal.
Nota aclaratoria 24 de Julio de 2026: Desde el equipo de Zipa Exiliados, se informa que la veracidad de esta información y las actuaciones administrativas que la sustentan, se encuentran actualmente bajo revisión y cuestionamiento judicial ante un juez de la república mediante acción de tutela, por lo que es preciso señalar que los hechos de esta nota periodística no han sido comprobados.
