En previsión de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, la Procuraduría General de la Nación emitió un enérgico llamado de atención a varias administraciones municipales de Cundinamarca. Las instó a garantizar de manera inmediata el apoyo logístico y presupuestal necesario para el correcto desarrollo de las elecciones y, en caso de ser requerida, la segunda vuelta electoral programada para el 21 de junio del mismo año.
La acción preventiva fue radicada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Fusagasugá y dirigida específicamente a los alcaldes y equipos de gobierno de Soacha, Fusagasugá y El Colegio. El Ministerio Público tomó la determinación tras advertir un preocupante retraso y la falta de un seguimiento riguroso por parte de estas alcaldías frente a los requerimientos y la gestión de recursos indispensables que han venido solicitando las registradores especiales y municipales para la jornada democrática.
El órgano de control recordó a los mandatarios locales que el éxito y la transparencia de las votaciones dependen directamente del cumplimiento de las obligaciones legales que la ley les asigna como autoridades territoriales. Entre las prioridades señaladas por la Procuraduría se encuentra la urgencia de asegurar el transporte oportuno del material electoral, así como el traslado seguro de los delegados y jurados hacia los puestos de votación ubicados en la zona rural y de difícil acceso.
Asimismo, se les exigió el suministro y blindaje técnico de plantas eléctricas destinadas a las comisiones escrutadoras para evitar apagones o fallas en el fluido eléctrico que pongan en duda la consolidación de los datos. Las alcaldías locales también deberán acelerar la adecuación física, limpieza y mantenimiento de las instituciones públicas y colegios que funcionarán como puestos de votación, garantizando además planes de contingencia en materia de seguridad, conectividad y salud pública.
Con este requerimiento técnico e institucional, el Ministerio Público busca anticiparse a posibles traumatismos organizativos el día de los comicios, reiterando que no se tolerarán negligencias presupuestales que afecten el debido proceso. La meta vinculante para los municipios de Soacha, Fusagasugá y El Colegio es implementar todas las medidas administrativas que sean necesarias para asegurar un proceso electoral en paz, transparente, seguro y con plenas garantías constitucionales para el libre ejercicio del derecho al voto de miles de cundinamarqueses.
A pocos días de que los colombianos acudan a las urnas para elegir un nuevo presidente, este requerimiento de la Procuraduría expone las costuras y los desafíos ocultos detrás de la organización electoral en los territorios. La democracia no solo se defiende con discursos, sino con los recursos, las plantas eléctricas y las vías necesarias para que hasta el último ciudadano de la vereda más apartada pueda ejercer su derecho constitucional en paz.
