La Fiscalía General de la Nación anunció durante la tarde hoy la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del actual alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, quien es señalado de exigir millonarias sumas de dinero y beneficios particulares a cambio de facilitar trámites urbanísticos para un importante proyecto inmobiliario en la región.
De acuerdo con el material probatorio recopilado por el ente acusador, las irregularidades habrían comenzado el 8 de junio de 2025. En esa fecha, el mandatario local presuntamente presionó a la representante legal de una empresa de inversiones, exigiéndole la contratación obligatoria de una persona de su entera confianza para que brindara asesoría en la gestión de permisos y requerimientos administrativos ante la alcaldía. Meses después, el alcalde Gamboa habría exigido un aumento en la asignación salarial de su recomendado, quien finalmente laboró durante 11 meses y percibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.
La investigación penal tomó un rumbo definitivo tras documentar eventos más recientes. El 4 de marzo de 2026, a través de mensajes de voz, el mandatario le habría solicitado directamente a la empresaria la suma de 112 millones de pesos, cifra que equivalía al 20 % del valor fijado para la ampliación de una licencia de construcción. Aunque posteriormente el alcalde retiró la pretensión económica mediante una llamada telefónica, la negativa de la inversionista a ceder ante las presiones desató una aparente retaliación institucional.
Solo dos días después, el 6 de marzo de 2026, el mandatario expidió una resolución en un evidente conflicto de intereses y presunta desviación del poder para asfixiar el proyecto. Como consecuencia directa de este acto administrativo, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó de forma fulminante la solicitud de ampliación de la licencia de la constructora. Paralelamente, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio alineó sus acciones a la presión y le impuso a los representantes del proyecto inmobiliario una multa que asciende a los 232 millones de pesos.
Ante la contundencia de los hallazgos, un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó formalmente al alcalde los delitos de concusión y prevaricato por acción. Durante el desarrollo de las audiencias concentradas, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro no aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía; sin embargo, la operadora judicial determinó que el procesado debe cumplir la medida de aseguramiento de forma intramural en un centro carcelario debido a la gravedad de las conductas que afectan la administración pública.
El reto de la justicia estará ahora en determinar si esta era una práctica aislada del mandatario o si existía una red enquistada en las dependencias de planeación local.
