En un movimiento decisivo para la salud pública nacional, la Procuraduría General de la Nación, bajo el liderazgo de Gregorio Eljach Pacheco, emitió la Directiva 09 de 2026. El documento actúa como un ultimátum para que ministerios, gobernaciones, alcaldías y autoridades ambientales aceleren el cumplimiento de la Ley 1968 de 2019, conocida como la “Ley Ana Cecilia Niño”, que prohíbe el uso de asbesto en el territorio colombiano.
La directiva surge tras detectar preocupantes retrasos en la formulación de la política pública para la sustitución del asbesto ya instalado en infraestructuras antiguas. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente tienen ahora la presión directa del órgano de control para concretar el Plan de Adaptación Laboral y las rutas de eliminación segura de este material altamente cancerígeno.
La orden no solo recae sobre las carteras nacionales. La Procuraduría ha sido enfática en que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y los entes territoriales deben identificar y gestionar los pasivos ambientales de asbesto en sus jurisdicciones. La falta de un censo detallado sobre dónde se encuentra este material todavía, en techos, tuberías y baldosas de edificaciones públicas y privadas, representa un riesgo latente para la población.
“El incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en la afectación de los principios de la administración pública e incurrir en responsabilidades disciplinarias”, señala la circular 09 de 2026. El seguimiento de esta directiva será implacable, quedando a cargo de las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y Civiles, quienes vigilarán que el cronograma de sustitución no sufra más dilaciones. La Procuraduría recordó que la transición debe ser justa, garantizando la seguridad de los trabajadores que manipulan el retiro del material y la salud de las comunidades aledañas.
Este llamado a la acción marca una nueva etapa en la protección ambiental y sanitaria de Colombia. Tras años de lucha por parte de víctimas y colectivos sociales, el Estado colombiano se ve obligado a dar el paso final hacia un país libre de fibras de asbesto, bajo la lupa estricta de un Ministerio Público que no aceptará más excusas administrativas frente a una emergencia de salud pública histórica.
