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Sanciones ambientales en la Sabana de Bogotá, Ubaté y Alto Magdalena, las zonas más críticas por uso ilegal del agua

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) entregó el balance general de lo corrido del año respecto a las acciones de autoridad ambiental en el territorio. Entre enero y julio de 2026, la entidad impuso más de 800 procesos sancionatorios en la región, evidenciando que la principal afectación se concentró en los recursos hídricos y la flora. Las regiones más presionadas y estrategias de control se encuentran Bogotá, Ubaté y el Alto de Magdalena, por su incremento poblacional hay más demanda de agua y ocupación de territorio de manera ilegal.

De acuerdo con los reportes institucionales, el 30 % de las infracciones corresponden directamente al agua, siendo las conductas más recurrentes la captación ilegal sin concesión, la contaminación por vertimientos, la alteración o desviación de cauces, la ocupación de rondas y la exploración no autorizada de pozos profundos. A esto se sumaron más de 220 medidas por daños al recurso de flora, causados por talas en bosques nativos y áreas protegidas, quemas y aprovechamientos forestales ilícitos.

Las consecuencias de estas conductas han comprometido severamente la seguridad hídrica de la región, afectando directamente la disponibilidad de agua para el consumo humano, la agricultura y la industria. La destrucción de la vegetación reduce la capacidad natural de los suelos para recargar los acuíferos y regular las cuencas, lo que incrementa sustancialmente la vulnerabilidad de Cundinamarca ante sequías severas y los efectos del fenómeno de El Niño.

Frente a esta situación, la CAR ha desplegado una serie de soluciones que incluyen el fortalecimiento de los operativos de control y vigilancia mediante el uso de tecnología de monitoreo satelital y patrullajes terrestres en articulación con la Policía Nacional y las alcaldías. Asimismo, la entidad ha endurecido las sanciones y multas a infractores recurrentes. Finalmente, se brinda asistencia técnica para facilitar la legalización de sectores productivos y se promueve la educación ambiental y la denuncia ciudadana para proteger los recursos naturales del departamento.