Sin rigor técnico, límites normativos ni seguimiento por parte del Estado, el alquiler de vientre ha operado en Colombia en una nebulosa jurídica. Pese a presentarse bajo narrativas altruistas o de negocio, la propia Corte Constitucional ha señalado que la maternidad subrogada pone en riesgo los derechos de los niños a la identidad, la nacionalidad y la igualdad. Hoy, el futuro de esta práctica tambalea en el ámbito legislativo tras la radicación de una iniciativa que pretende su prohibición total.
El pasado 14 de agosto, fue radicado ante el Congreso de la República el proyecto de ley que pretende prohibir “la explotación reproductiva mediante maternidad subrogada” y que tiene el apoyo de 15 congresistas de diferentes bancadas, entre ellas, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Movimiento de Salvación Nacimiento, el Centro Democrático, el Pacto Histórico y Dignidad y Compromiso; así como el acompañamiento de instituciones académicas e institucionales.
Para la coautora de esta iniciativa, la Representante a la Cámara por Bogotá Carol Borda, esta práctica se sustenta en un “sistema de explotación, de usar a la mujer, como una incubadora. Al niño, como un producto. Un producto que si te gusta lo puedes rechazar o lo puedes desechar” afectando directamente contra la dignidad humana. Para Borda, este sistema facilita, además, otras formas de explotación como lo son la explotación sexual y comercial de menores.
Sin embargo, hay quienes ven en el regulacionismo una oportunidad ideal para verdaderamente garantizar los derechos de los niños y niñas así como de las mujeres gestantes. La defensora de derechos humanos y feminista Catalina Ruiz Navarro abordó este tema en un capitulo de su libro DESEADAS: maternidad feminista. Para ella, “prohibir la gesta, como prohibir el trabajo sexual, no acaba con estas prácticas, solo tiene como efecto empujar estas actividades a lo ilegal, a mercados clandestinos en donde no hay ninguna garantía de derechos”.
Argumenta, además, que dicha vía del regulacionismo logra, con políticas claras, dos grandes cosas: “lograr un estándar internacional con regulaciones similares en cada país para contener el “turismo reproductivo” como forma de explotación” y una causa que mejoraría las condiciones de madres y de gestantes, que es lograr la renta básica universal, pues al reducir las vulnerabilidades económicas de las personas con capacidad gestante se disminuyen también las posibilidades de captación para las redes de trata o de aceptar contratos ilegales, explotadores y violatorios de los derechos humanos”
A pesar de estas posturas, será el congreso quien defina cuál será el futuro de esta práctica en Colombia. Al proyecto, que apenas está en su fase de radicación, le esperan varios debates: en comisión constitucional competente y luego en plenaria de la cámara, así mismo en Senado con el mismo proceso, y deberá, además, analizarse si corresponde tramitarla como Ley Estatutaria ya que estructura derechos fundamentales.
