El 8 de julio de 1999 quedó grabado en la historia del conflicto armado colombiano como uno de los episodios más sangrientos en el centro del país. Ocurrió en un municipio a tan solo tres horas de Bogotá, sirviendo como una dolorosa demostración para los citadinos de que toda Colombia, sin importar el lugar o el rol de sus habitantes, ha estado marcada directa o indirectamente por la guerra.
Ubicado en la Provincia de Oriente en Cundinamarca, Gutiérrez —un municipio de más de 3.500 habitantes, reconocido por su belleza natural y patrimonio cultural— se convirtió en el epicentro de la crudeza del conflicto armado. Años más tarde, la nación sería condenada por estos hechos.
Han pasado 27 años desde aquella madrugada en la que cerca de 500 integrantes de la antigua guerrilla de las FARC-EP, bajo el mando de Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, incursionaron en el municipio para atacar a las tropas del Ejército. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), los uniformados eran, en su gran mayoría, jóvenes de entre 18 y 19 años que apenas prestaban su servicio militar.
El propósito de la incursión guerrillera era establecer una conexión con las estructuras del Bloque Oriental para abrir un corredor hacia Bogotá. Sin embargo, para lograrlo, debían doblegar al Batallón de Artillería N.° 13 General Fernando Landazábal Reyes. Como relató el Ejército Nacional al CNMH:
“La presencia del Batallón (…) se convertía en un obstáculo para conseguir su propósito. Por esta razón, se planeó el ataque en contra de las tropas que hacían parte de esta unidad militar”.
El resultado fue devastador. El ataque armado dejó 38 soldados del Ejército Nacional muertos, 38 familias destruidas y 38 madres despojadas de lo que más amaban. Las mujeres, aferradas a la memoria de sus hijos, han librado una incansable batalla por la verdad y la justicia.
Este ataque, perpetrado con métodos y medios ilícitos como el uso de artefactos explosivos improvisados, representó una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. Además, los insurgentes propinaron tiros de gracia a militares que ya estaban rendidos. De acuerdo con la Corporación Mil Víctimas, estos actos configuraron un “Homicidio en Personas Protegida ya que los militares víctimas se encontraban en situación de indefensión en el momento del ataque y no representaban una amenaza para el adversario”.
El CNMH, en su informe “Tomas y ataques guerrilleros”, explicó que la intención de estas ofensivas armadas fue“desmoronar paulatinamente la presencia del Estado en los escenarios locales y regionales.(…) Presentaron una amplia gama de fines que cambiaron con el tiempo debido a las dinámicas de la guerra. Pasaron de ser propagandísticas en su origen a tener unos objetivos plenamente articulados a una estrategia de acumulación territorial”.
A raíz de estos hechos, en 2014, el Consejo de Estado —con ponencia del actual magistrado de la JEP, Danilo Rojas Betancourth— condenó al Estado colombiano por esta masacre, argumentando las precarias condiciones de desprotección en las que se encontraban los soldados.
En 2021, acompañadas por la Corporación Mil Víctimas, las ‘Madres de Gutiérrez’ se presentaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) buscando ser reconocidas como víctimas frente al tribunal y la sociedad colombiana. Hasta ese entonces, sus clamores no habían sido plenamente tenidos en cuenta. Hoy, la herida permanece abierta, no solo por el dolor de la pérdida, sino por la prolongada deuda del Estado en brindarles la posibilidad de conocer la verdad sobre estos hechos.
