Luego de un ultimátum por parte de la Superintendencia de Salud, la entidad promotora de con el mayor número de afiliados en Colombia, Nueva EPS, dió a conocer sus estados financieros correspondientes a las vigencia 2023-2024. ¿Qué se encontró? una estructura contable que se supera en pérdidas. Ahora, la discusión está en la efectividad de las intervenciones y el futuro de esta entidad ante un cambio de gobierno en menos de un mes.
Desde 2024, Nueva EPS ha estado intervenida por el gobierno. ¿La razón? Según un informe emitido ese mismo año por parte de la Contraloría General de Nación, señalaba que solo cinco EPS del país tenían flujo de caja para poder operar. Nueva EPS no era una de ellas, y según La Silla Vacía, “el gremio de las EPS explicó, en respuesta al informe, que no reciben suficientes recursos por parte del Estado para atender a las personas”.
Esa premisa, la de la falta de recursos, sería parcialmente cierta ante los resultados divulgados durante este jueves. El balance general mostró que Nueva EPS cerró 2023 con ingresos por 18,8 billones de pesos, pero el costo de la prestación de servicios fue de 24,4 billones. Los gastos administrativos registraron 0,9 millones. Es decir, registraron pérdidas por 6,5 billones en 2023.
En 2024 registró ingresos por 22,2 billones de pesos. La prestación de servicios representó 26,4 billones y los gastos administrativos 0,5 millones. Durante ese año, las pérdidas fueron de 4,81 billones de pesos. En ese sentido, sumando todas las pérdidas, se registra un patrimonio negativo de 11,92 billones de pesos.
| Año | Ingresos | Gastos administrativos | Prestación de servicios | Pérdidas |
| 2023 | 18,8 billones de pesos | 0,9 billones | 24,4 billones | 6,5 billones |
| 2024 | 22,2 billones de pesos | 0,5 billones | 26,4 billones | 4,81 billones de pesos |
| Total | 11,92 billones de pesos. |
¿Qué quiere decir esto?
Para un análisis detallado es prematuro afirmar las razones exactas de las pérdidas, ya que no hay información pública lo suficientemente detallada. Sin embargo, los gastos de la prestación de servicios, que superan ampliamente los ingresos, normalmente corresponden en el sistema de salud colombiano al rubro de lo pagado o causado a prestadores (clínicas,hospitales) y proveedores (atención en salud, medicamentos y tecnologías, prestaciones económicas, etc).
¿Qué dijo el gobierno al respecto?
El presidente la república, Gustavo Petro, anunció a través de cuenta de X que “La mitad de la deuda de la nueva EPS corresponde a la nación, es decir 11 billones de pesos que la nación debe pagar, la otra mitad es de privados” dijo.
Este pago, que le ordenó al Ministerio de Hacienda realizarlo, será “deuda pública nacional” y sería, según el mandatario, pagada como un “proyecto estratégico de la nación”. “Hay que reconocer la realidad que deja un sistema de salud espantoso de intermediación financiera privada que fue saqueado desde hace más de una década” dijo.
Sin embargo, tras la transición de gobierno que muy pronto se realizará y con esta medida tomada por Petro, deja al gobierno entrante con un margen de maniobra menor, pero sobre todo con un sistema de salud en cuidados intensivos.
¿Qué dicen los gremios?
La Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de Colombia (UNIPS) señalaron a través de un comunicado público que existe “un deterioro patrimonial y financiero de dimensiones extraordinarias”. Sin embargo, aclaran, que los estados conocidos no cuentan con un “dictamen de Revisoria Fiscal” que permita la “razonabilidad de las cifras”.
A pesar de la información que aún falta, para UNIPS, “las IPS han soportado durante varios años una creciente cartera, retraso en los pagos, incremento de los costos operacionales, aumento en las obligaciones laborales, presiones inflacionarias sobre los insumos y medicamentos y una insuficiencia estructural de flujo financiero” que darían cuenta de las posibles razones de dicho deterioro.
Ante este panorama en una de las EPS más grande del país, y tras un inminente cambio de gobierno, la salud de los y las colombianas quedará, por ahora, y según la UNIPS, bajo posibles retrasos en pagos, afectaciones en la prestación de los servicios, demoras en diagnósticos, interrupción de tratamientos y problemas en la entrega de medicamentos.
