Cada 9 de abril, en Colombia se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Esta fecha, institucionalizada por la Ley 1448 de 2011, no solo busca honrar a quienes han sufrido el dolor de la guerra, sino también recordar la deuda histórica del Estado en materia de reparación y justicia.
Mientras el país se prepara para diferentes actos simbólicos de memoria en todo el país, las cifras proporcionadas por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) dibujan una realidad dolorosa. Entre enero y agosto de 2025, se estima que 1.4 millones de personas han sido víctimas de diversas acciones bélicas. Solo en lo corrido del año, unas 85.550 personas han padecido directamente amenazas, homicidios o reclutamiento forzado.
El informe destaca una crisis de movilidad sin precedentes. Cada día y medio se registra una emergencia por confinamiento o restricciones a la movilidad. En 2025, el número de personas confinadas, obligadas a permanecer en sus hogares bajo el mando de grupos armados, llegó a las 137.600, una cifra que ya iguala la totalidad de los casos registrados en todo el año anterior. “Estos eventos están relacionados con amenazas y enfrentamientos entre Grupos Armados No Estatales y combates con la Fuerza Pública. El 63% de los eventos de confinamiento siguen activos, con una duración promedio cercana a un mes”, señala el informe de la OCHA.
La situación del desplazamiento forzado también muestra un retroceso alarmante. En los primeros ocho meses de 2025, más de 79.500 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares de forma masiva, lo que representa un incremento del 94% respecto al mismo periodo de 2024.
Uno de los datos más alarmantes es el aumento de los ataques a objetivos ilícitos de guerra. OCHA ha registrado a más de 31.000 personas afectadas por la ocupación o ataques contra bienes civiles protegidos, como escuelas y centros de salud, lo que representa un incremento superior al 5.600% comparado con el año anterior. El uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados sigue cobrando vidas, con un aumento del 145% en civiles afectados.
El conflicto en 2025 ha golpeado en especial a los menores de edad. Se estima que más de 291.000 niños, niñas y adolescentes podrían estar afectados por emergencias humanitarias. Durante el primer semestre, el informe destaca 52 incidentes contra la educación, que incluyen desde combates en presencia de estudiantes hasta el uso de escuelas como bases temporales o blancos de explosivos.
Este 9 de abril, el llamado del Centro Nacional de Memoria Histórica y de las organizaciones de víctimas es a no normalizar estas cifras. La conmemoración de mañana debe trascender el protocolo oficial para convertirse en una exigencia de respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH). En un país donde la violencia parece reciclarse, recordar a las víctimas es el primer paso para detener la repetición de un ciclo que, en pleno 2026, sigue dejando cicatrices profundas en el corazón de los territorios colombianos. La solidaridad no puede ser solo una fecha en el calendario.
