Tras una publicación realizada el pasado 4 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra el abogado y candidato presidencial de derecha, Abelardo de la Espriella. Según el mandatario, existen informes de inteligencia que demostrarían una vinculación directa entre el candidato y los hermanos Camilo y Felipe Bautista, socios principales de la multinacional Thomas Greg & Sons, firma que actualmente gestiona la logística electoral en el país.
El jefe de Estado sostiene que estas comunicaciones revelarían un presunto pacto de intercambio: la devolución del lucrativo contrato de pasaportes a la multinacional a cambio de la manipulación de algoritmos que asegurarían la victoria presidencial de De la Espriella. Esta denuncia se suma a los señalamientos que Petro realizó el pasado 23 de febrero, cuando advirtió que la permanencia de Thomas Greg en el manejo de datos biométricos representa un “riesgo crítico” para la soberanía nacional y la transparencia democrática, calificando la gestión privada de esta información como un posible “fraude lento”.
Es importante mencionar que la disputa entre Gustavo Petro y la multinacional tiene su origen desde el proceso electoral de hace cuatro años, cuando una sentencia del Consejo de Estado que le devolvía tres curules al partido Mira, demostró que hubo irregularidades en el manejo del software que se iba a realizar para las elecciones presidenciales de 2022. Desde aquel entonces, el presidente ha venido exigiendo a los diferentes cancilleres que se declare desierta el contrato que por más de 17 años se le ha adjudicado a la multinacional. Incluso, un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), demuestra que es justamente esta multinacional a quien en la mayoría de ocasiones se le ha adjudicado el contrato de los pasaportes, y que, evidentemente, tiene información de todos los colombianos.
Ahora, la polémica escala en plena contienda electoral. Además de señalar a los hermanos Bautista y al candidato opositor, el presidente vinculó al Procurador General, Gregorio Eljach, acusándolo de intentar “anular el excelente contrato de pasaportes” que el Gobierno actual ha estructurado con entidades públicas.
“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes de inteligencia sobre conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella, intercambiando la devolución del contrato de pasaportes por la promesa de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia”, afirmó Petro.
Sin embargo, la revelación de estos supuestos informes ha abierto un segundo frente de debate: la legalidad de la información. Para el analista político Gabriel Cifuentes, quien habló para Noticias Caracol aunque la gravedad de los hechos denunciados es innegable, las declaraciones del presidente podrían interpretarse como una “indebida participación en política” y plantean dudas sobre el origen de los datos.
Por su parte, Abelardo de la Espriella negó rotundamente cualquier cercanía con los directivos de la firma. “Jamás he hablado con ellos, ni personalmente, ni por teléfono ni por ningún medio”, aseguró. El candidato fue más allá y calificó las palabras de Petro como una confesión de espionaje estatal: “Admitió lo que yo vengo denunciando: me tiene ‘chuzado’ ilegalmente a mí, el candidato opositor a su régimen”, sentenció, anunciando que llevará estas denuncias ante instancias internacionales.
