Este 4 de junio de 2026 entró en vigor la Ley Sara Sofía, una normativa diseñada para agilizar la búsqueda de menores de edad reportados como desaparecidos en el territorio nacional. La implementación de esta ley responde a una deuda con la memoria de Sara Sofía Galván, cuya desaparición en 2021, cuando apenas tenía 2 años y 9 meses, evidenció las debilidades institucionales para reaccionar ante estos casos con la celeridad que la vida de un niño requiere.
La pieza central de esta legislación es el sistema “Alerta Colombia”, una herramienta de despliegue rápido que permite difundir información vital sobre un menor desaparecido a través de canales masivos. Mediante el uso de teléfonos móviles, plataformas digitales y medios de comunicación, el sistema busca que los datos del menor lleguen al mayor número posible de ciudadanos en tiempo récord, maximizando las probabilidades de localización durante las primeras y más críticas horas de búsqueda.
La activación de este protocolo recae en una articulación interinstitucional encabezada por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Estas entidades serán las encargadas de verificar la veracidad de los reportes y activar los mecanismos de difusión, los cuales incluirán descripciones precisas para que la ciudadanía pueda colaborar de manera efectiva, suministrando información clave a los canales oficiales habilitados.
“Cada minuto cuenta. Por eso esta ley establece mecanismos de reacción rápida para que ninguna desaparición pase inadvertida y para que toda la sociedad pueda convertirse en una red de apoyo en la búsqueda de nuestros niños y niñas”, señaló Alejandro Chacón, quien impulsó la ley Sara Sofía.
Esta iniciativa se inspira en modelos internacionales, tales como la Alerta Amber de Estados Unidos y la Alerta Sofía de Argentina. Al adoptar estas prácticas globales como mecanismos complementarios, Colombia busca optimizar sus tiempos de respuesta y fortalecer la coordinación entre el Estado y la sociedad civil, reconociendo que, ante la desaparición de un menor, cada minuto es determinante.
El impacto de esta ley es especialmente relevante en departamentos como Cundinamarca, donde las desapariciones de niños, niñas y adolescentes persisten como una problemática compleja. Según registros del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el departamento enfrenta retos constantes vinculados a riesgos de explotación, conflictos familiares y situaciones de vulnerabilidad. Con la entrada en vigor de esta normativa, las autoridades esperan no solo mejorar los indicadores de hallazgo, sino también sentar un precedente preventivo que garantice el derecho fundamental de los menores a ser buscados sin dilaciones y con todo el peso de la eficacia estatal.
