Una juez de conocimiento de Bogotá condenó a 9 años y 9 meses de prisión al exalcalde de Santa Marta y ex candidato presidencial, Carlos Caicedo, tras hallarlo responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. La decisión judicial, sustentada en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, se relaciona con las anomalías detectadas en un convenio de 2014 para la remodelación de centros de salud en la capital del Magdalena, el cual dejó millonarios sobrecostos y obras inconclusas.
Los hechos juzgados se remontan al 20 de agosto de 2014, fecha en la que se suscribió un contrato por 6.532 millones entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y una sociedad privada, cuyo objeto era el mantenimiento y adecuación de las sedes asistenciales de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz.
De acuerdo con la Fiscalía, Caicedo, en su condición de presidente de la junta directiva de la ESE, impulsó el proyecto mediante el Acuerdo 004 del 5 de junio de ese mismo año, a pesar de que la iniciativa tenía falencias técnicas y administrativas de origen.
Durante el proceso, el ente investigador demostró que la contratación se puso en marcha sin contar con estudios previos, licencias de demolición ni conceptos técnicos de viabilidad expedidos por el Ministerio de Salud; asimismo, la obra ni siquiera estaba incluida en el plan anual de adquisiciones de la entidad pública. Las licencias requeridas para la intervención física solo vinieron a tramitarse y expedirse tres años después de que hubieran iniciado los trabajos en el terreno.
Las inconsistencias del proyecto no solo derivaron en fallas administrativas, sino en un impacto sobre la atención de los usuarios. Tal como consta en el reporte oficial de la Fiscalía “las irregularidades ocasionaron la suspensión de los servicios en varios centros de salud, lo que obligó a trasladar la atención a inmuebles arrendados y sedes de juntas de acción comunal”. De igual forma, se confirmó que “las obras permanecieron inconclusas hasta la liquidación del contrato, en julio de 2016, y el centro de salud de Mamatoco aún no ha sido terminado”.
Otra de las pruebas presentadas por la Fiscalía, corresponden a el análisis financiero donde se acredita un “detrimento patrimonial superior a 5.040 millones de pesos”. La Fiscalía evidenció que, si bien al contratista se le alcanzaron a girar $4.408 millones, el valor real de las obras ejecutadas apenas llegaba a los $1.570 millones.
Además de la pena privativa de la libertad, el juzgado le impuso al exmandatario una multa equivalente a 4.453 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2014 y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el mismo periodo de su condena.
El fallo dictado corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo cual frente a esta decisión judicial aún proceden los recursos de apelación establecidos en la ley.
