En una jornada marcada por la creciente tensión en el gremio periodístico, el Ministerio del Trabajo desplegó este 6 de abril de 2026 un operativo de inspección integral en las instalaciones del Sistema de Medios Públicos, RTVC. La diligencia, que forma parte del ambicioso Plan Nacional de Inspección a medios de comunicación, no es un hecho aislado. Ocurre en medio de una gira de choque liderada por la cartera laboral para responder a las graves denuncias de acoso laboral y sexual que han salpicado recientemente a figuras de alto perfil en medios privados, específicamente tras los señalamientos contra dos reconocidos periodistas de Caracol Televisión, que, a su vez, desataron cuestionamientos al director de RTVC, Holman Morris.
El operativo en RTVC tuvo como eje central la verificación de condiciones laborales, la gestión de riesgos y la identificación de posibles situaciones de violencia en el entorno de trabajo. Mediante recorridos técnicos y un diálogo directo con los empleados, los inspectores buscaron desmitificar el “silencio de redacción” que históricamente ha imperado en el sector. La inspección se alejó de la mera sanción para adoptar un enfoque pedagógico, priorizando la prevención de violencias de género y el fortalecimiento de las rutas de atención interna para las víctimas.
“El objetivo es claro: que los derechos laborales se vivan en cada espacio de trabajo”, señaló el ministerio a través de su cuenta de X. Esta movilización institucional busca habilitar canales anónimos de denuncia y ofrecer recomendaciones técnicas para mejorar la convivencia, enviando un mensaje a las juntas directivas de los medios en el país: la inspección, vigilancia y control son las herramientas definitivas para prevenir violencias y proteger la integridad de quienes informan a la nación.
La gira mediática y técnica del Ministerio del Trabajo surge como un “salvavidas” institucional ante la crisis de confianza generada por los casos en Caracol TV, que han puesto bajo la lupa la eficacia de los Comités de Convivencia Laboral en las grandes empresas de comunicación. Al inspeccionar el sistema público, el Gobierno Nacional busca sentar un precedente de transparencia, exigiendo que tanto medios públicos como privados cumplan con entornos libres de acoso y discriminación.
