Cuatro años de dolor, plantones y una larga batalla jurídica parecen encontrar, finalmente, el camino hacia la verdad. Hoy, 6 de abril de 2026, el Palacio de Justicia Ricardo Hinestrosa Daza de Zipaquirá se convierte en el escenario de una audiencia crucial: el inicio del juicio oral contra tres miembros de la Policía Nacional señalados de acabar con la vida del joven cajiqueño Mario Estiven Mahecha Cortéz.
Los hechos se remontan al 26 de abril de 2022. Estiven, de apenas 23 años, transitaba por la vía Zipaquirá-Ubaté cuando, en inmediaciones del peaje de Casablanca, un procedimiento policial terminó en tragedia. Lo que debía ser un control vial se transformó en una ráfaga de disparos. Según lo relatado por su hermana Lizeth Mahecha en CitiTv, los uniformados impactaron el vehículo en al menos diez ocasiones, cegando la vida de Mahecha y dejando gravemente herida a una de sus compañeras.
El camino hacia este juicio no fue sencillo. Durante años, el proceso estuvo en un “limbo” jurídico mientras se decidía si el caso correspondía a la Justicia Penal Militar o a la ordinaria. Fue solo tras un fallo de la Corte Constitucional en noviembre de 2025 que se ratificó que la Fiscalía General de la Nación debía liderar la acusación, al considerar que el uso de la fuerza fue desproporcionado y ajeno al acto legítimo del servicio.
“Mis padres han tenido que visitar a mi hermano en un cementerio, mientras estas tres personas están campantes por la vida celebrando navidades”, recordaba Lizeth Mahecha, en una de las tantas jornadas de protesta para exigir que el caso no quedara en el olvido.
Hoy, los uniformados Edwin Ricardo López Rodríguez, Carlos Alberto Martínez Peña y Rafael Antonio Bello Torres enfrentan cargos por homicidio agravado en concurso con tentativa de homicidio. La justicia ha programado dos fechas definitivas para este juicio oral:
- Lunes 6 de abril: Recepción de pruebas y testimonios clave.
- Martes 19 de mayo: Continuación de la diligencia en jornada completa.
En estas sesiones, el juez escuchará las pruebas definitivas antes de dictar un fallo que podría derivar en una sentencia condenatoria ejemplar. Para la familia Mahecha, estas audiencias no son solo un trámite legal; son el “faro de esperanza” que han perseguido durante cuatro años de espera. Hoy, no solo buscan una sentencia; buscan recuperar la paz de saber que la vida de un joven de 23 años valía lo suficiente como para que el Estado, finalmente, rompa su silencio y reconozca la verdad.
