Una investigación publicada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol ha desatado una tormenta política al revelar una presunta extralimitación de funciones por parte de altos cargos del Gobierno Nacional. Según el informe, el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y otros funcionarios de la entidad, habrían mediado con el abogado de Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, para ofrecerle beneficios judiciales a cambio de su entrega. El agravante, según la investigación, es que estos funcionarios habrían actuado como emisarios del presidente Gustavo Petro, pese a que este tipo de acercamientos y ofertas son competencia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación.
Alias “Papá Pitufo”, señalado como el “zar del contrabando”, es considerado por las autoridades como el líder de una sofisticada red de lavado de activos y contrabando internacional que logró infiltrar diversos organismos estatales. Su centro de operaciones era el sector del conocido San Andresito de la 38, en Bogotá, desde donde coordinaba el ingreso de mercancía ilegal proveniente de China.
Aunque la Unidad Anticorrupción de la Policía Nacional le sigue el rastro desde 1994, cuando fue detenido por primera vez, Marín logró consolidar su expansión gracias a presuntos nexos con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y diversos dirigentes políticos. Entre 2024 y 2025, el capturado fue capturado en España y Portugal; sin embargo, pese a las solicitudes de extradición de Colombia, las dos autoridades le concedieron la libertad. Actualmente, Marín tramita una solicitud de asilo político en Portugal.
La controversia se centra en audios revelados recientemente donde se escucha a Jorge Lemus negociar con la defensa del contrabandista. En las grabaciones, Lemus cuestiona:
“¿Qué hacemos para que él venga? ¿Qué hay que hacer como Estado para que él venga y, pues, responda por lo que hay que responder, si hay que responder por algo?”.
Estos acercamientos habrían ocurrido tras un consejo de ministros en febrero de 2025, donde Augusto Rodríguez, entonces director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), expuso un supuesto ofrecimiento de 500 millones de pesos para la campaña presidencial de Petro, oferta que fue rechazada.
La investigación señala que Lemus no fue el único implicado. Los audios involucran a otros tres funcionarios cuya competencia para estas reuniones es cuestionable. Uno de ellos es Isaac Beltrán, exasesor de la UIAF, quien bajo instrucciones del presidente Petro y del entonces director de la unidad, Luis Eduardo Llinás, se habría reunido con Marín en abril de 2024. Según los audios, en dicho encuentro el “zar” ofreció intermediar con bandas criminales para pacificar Buenaventura y Tuluá. A esta red de contactos se sumaría el propio Augusto Rodríguez, cuyo vínculo se habría gestionado a través de la exfiscal Gloria Arias, quien actualmente ejerce como defensora de Marín.
Ante estas revelaciones, el Gobierno Nacional, a través de su oficina de comunicaciones estratégicas, respondió que los contactos de inteligencia tenían el fin único de lograr la comparecencia de Marín en el país. No obstante, admitieron irregularidades internas:
“Varios agentes aprovecharon eso para pedir dinero, lo cual no es permitido; por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades”.
Finalmente, el Ejecutivo lanzó una contraacusación, aseverando que existió un pacto entre la Fiscalía y las antiguas directivas de la DNI para evitar el retorno de Marín al país. El gobierno cuestiona que el ente acusador decidiera investigar únicamente hechos ocurridos a partir de 2023, ignorando un historial delictivo que se extiende por casi cuatro décadas.
