Cargando...
Bogotá: 14°C ☁️
USD/COP (TRM): $3,945.50
MSCI COLCAP: 1,285.42 ▼ 0.3%
ECOPETROL: $2,310 ▲ 1.2%
CAFE (NY): $2.12 ▲ 0.5%
BVC: Abierta
USD/COP (TRM): $3,945.50
MSCI COLCAP: 1,285.42 ▼ 0.3%

Denuncias del presidente Petro sobre amenazas en Zipaquirá: ¿Qué se sabe hasta ahora?

A través de un extenso mensaje a través de su cuenta en X, realizado en día de ayer, el presidente de la república Gustavo Petro, señaló la presunta vinculación entre el ataque hacia la congresista del Pacto Histórico, Claudia Romero, y presuntas amenazas hacia activistas del progresismo en el municipio de Zipaquirá. El mandatario instó a la policía nacional y a la Fiscalía General de la Nación a investigar estos hechos.

Este pronunciamiento se da luego de que, el pasado 29 de mayo, Romero había sido víctima de un acto intimidatorio y amenazante, en el que sujetos le habrían hecho llegar a su casa un coche fúnebre. Para la congresista, este hecho “no fue un gesto. Fue una amenaza. Quieren intimidarme por recorrer el país, acompañar a las comunidades y defender las transformaciones sociales” señaló Romero, a través de su cuenta de X. 

Según el pronunciamiento del primer mandatario, no son solo estos hechos, sino también señaló (por ahora, sin fotos, ni evidencia pública) que el sujeto también estaría vinculado en amenazas a activistas progresistas en el municipio de Zipaquirá. “Claudia ya ha recibido coronas fúnebres en su casa, el de la foto es probablemente un sicario, y han sido amenazados activistas progresistas en Zipaquirá”

Como parte de sus señalamientos, alertó sobre una presunta “avalancha” de amenazas dirigidas a sindicalistas, maestros y maestras, a miles de estudiantes en universidades a sus correos y perfiles personales mediante canales digitales, así como actos de constreñimiento al voto que, según afirma, amenazan la integridad de la democracia en la recta final de la campaña electoral. “Está avalancha de amenazas debe suspenderse porque anuncia asesinatos masivos en Colombia” señaló. 

El jefe de Estado ha instado a la Fiscalía a investigar no solo las amenazas, sino también la posible existencia de “autoatentados artificiales” y el uso de la informática para amedrentar a sectores como el sindical y docente.