En un nuevo avance en el proceso conocido en el mes de mayo, donde el alcalde de Villa de Leyva, Victor Alfonso Gamboa, fue capturado por el CTI frente al edificio de la alcaldía, la Fiscalía General de la Nación anunció el pasado 17 de julio, la acusación formal por los delitos de concusión y prevaricato por acción.
Los hechos por los que se le acusa estarían relacionados con irregularidades que habrían iniciado el 8 de junio de 2025. En esa fecha, el mandatario presuntamente presionó a la representante legal de una empresa de inversiones, exigiéndole la contratación obligatoria de una persona de su confianza para que brindara asesoría en la gestión de permisos y requerimientos administrativos ante la alcaldía. Meses después, el alcalde Gamboa habría exigido un aumento en la asignación salarial de su recomendado, quien finalmente laboró durante 11 meses y percibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.
De la misma manera, según la investigación de la Fiscalía, Gamboa “habría solicitado a la empresaria, mediante mensajes de voz, 112 millones de pesos, equivalentes al 20 % del valor fijado por la ampliación de la licencia de construcción”. Aunque el mandatario, retiró esa exigencia, días después, expidió una resolución que constituía un conflicto de interés, además de funcionar como una forma de retaliación y una forma de presión ante la negativa de la empresa de acceder a sus pretensiones económicas.
Por estos hechos, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de este municipio, rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción y la inspección de polícia impuso una multa cercana a los 232 millones de pesos a los representantes del proyecto.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, acusó al mandatario por abusar del poder que le dió su cargo y exigir dinero, lo que constituye el delito de concusión. Así mismo, por haber expedido una resolución que es contrario a la ley, fue acusado por prevaricato por acción.
