La Fiscalía General de la Nación el dia 15 de Septiembre formalizó la imputación de cargos contra la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres, en el marco de la investigación por la práctica presuntamente irregular de una prueba de polígrafo a su exniñera, Marelbys Meza Buelvas. Durante la audiencia, la exfuncionaria no aceptó los delitos endilgados.
Los hechos se remontan al 29 de enero de 2023, cuando Sarabia reportó la desaparición de una bolsa con dinero en efectivo que se encontraba dentro de una maleta en su vivienda particular. Tras señalar a la empleada doméstica como la principal sospechosa del hurto, la entonces jefa de Gabinete habría ordenado telefónicamente al jefe de seguridad de la Casa de Nariño someter a la mujer al examen de detección de mentiras
Según el material probatorio recabado por el ente investigador, el procedimiento incluyó las siguientes irregularidades:
- Uso de recursos públicos: La niñera fue trasladada en un vehículo oficial desde su residencia en Soacha (Cundinamarca) hasta el Edificio Galán, contiguo a la sede presencial, para atender un asunto de índole estrictamente personal.
- Intimidación y coacción: Durante la prueba, Meza Buelvas habría sido intimidada, acusada directamente del robo y amenazada con la privación de su libertad.
- Extralimitación de funciones: La Fiscalía determinó que Sarabia y los funcionarios involucrados desbordaron sus competencias misionales, configurando un presunto abuso de poder.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le imputó a Sarabia Torres tres delitos en calidad de autora:
- Abuso de función pública
- Constreñimiento ilegal agravado
- Peculado por uso
La noticia de la imputación de cargos a la exfuncionaria Laura Sarabia por parte de la Fiscalía General de la Nación (por presunto abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso) generó un fuerte cruce de posturas políticas.
El debate en redes sociales refleja la profunda polarización frente al caso de Marelbys Meza y el uso del aparato estatal para fines personales.
Las figuras cercanas al oficialismo centran sus discursos en el respeto a las garantías procesales, el principio de presunción de inocencia y en señalar que la Fiscalía estaría instrumentalizando o “inflando” los delitos como una represalia política.
según el expresidente gustavo petro: “Que la justicia actúe con independencia y sin presiones mediáticas. Este gobierno ha garantizado el debido proceso para todos, a diferencia de los gobiernos del pasado donde las interceptaciones eran una política institucional.” dijo a través de su cuenta de X
de la misma manera, los sectores de oposición enfatizan en que el caso representa un uso indebido de las instituciones de seguridad e inteligencia del Estado y exigen la máxima celeridad de la justicia.
entre los post en redes sociales de Vicky Davila, David Luna y Maria Fernanda Cabal, esta ultima dijo: ¿Habrá un abuso igual a ese? El aparato entero —Policía, polígrafo, montajes— al servicio de una sola funcionaria. Eso no era gobierno.
Y a todas estas: ¿dónde está la plata?, dijo a través de su cuenta de X
Con este avance procesal, la Fiscalía busca esclarecer la responsabilidad de la exalta funcionaria en el uso de la infraestructura de seguridad del Estado para fines particulares, en un caso que reabre el debate sobre los límites del poder público y la protección de los derechos constitucionales de los particulares.
