La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de tres hombres señalados como presuntos responsables de tres asesinatos ocurridos en hechos aislados en los municipios de Girardot, Tabio y Soacha. Los procesados, identificados como Frank Camilo Lasso Sanabria, Elvis Aldemar Niño Niño y José Miguel Palma Oyola, enfrentan cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas, delitos que no fueron aceptados durante las audiencias.
El despliegue de los fiscales de la Seccional Cundinamarca permitió reconstruir los escenarios de estos crímenes, que reflejan diversas formas de violencia en el territorio, desde ataques sicariales hasta riñas fatales en espacios públicos.
El primer caso se remonta al pasado 14 de enero en el barrio San Jorge de Girardot. Según la investigación, Sanabria, a bordo de una motocicleta, habría interceptado a una mujer que ingresaba a su vivienda para dispararle en repetidas ocasiones. Por este hecho, el juez de control de garantías le impuso la medida de detención domiciliaria.
Por otro lado, en el municipio de Tabio, el pasado 6 de marzo se registró un trágico episodio de intolerancia. Elvis Aldemar Niño Niño, quien se desempeñaba como reciclador, sostuvo una violenta discusión con un colega en plena vía pública. En medio del altercado, Niño presuntamente atacó a la víctima con un arma cortopunzante; a pesar de ser trasladado a un centro asistencial, el hombre llegó sin signos vitales. Ante la gravedad del ataque, el juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para el procesado.
El evento más reciente ocurrió el 9 de mayo en el barrio El Barreno, en Soacha. En una cancha de tejo del sector, se desató una riña entre José Miguel Palma Oyola y otras personas presentes. La Fiscalía sostiene que Palma Oyola participó activamente en el asesinato de un hombre, quien falleció en el lugar tras recibir múltiples golpes con ladrillos y piedras en la cabeza, además de una herida con arma blanca en el rostro. Por este caso, el investigado fue afectado con detención domiciliaria.
La judicialización de estos tres individuos representa un avance en la resolución de crímenes que han conmocionado a los habitantes de estos municipios. No obstante, las decisiones de otorgar detención domiciliaria en dos de los casos de homicidio es cuestionable sobre todo ante la severidad de las medidas cautelares frente a delitos que atentan contra la vida.
