El recrudecimiento de los conflictos armados durante 2024 disparó el uso de artefactos explosivos y los confinamientos a niveles alarmantes, dejando a la población civil en una situación de vulnerabilidad extrema.
Según el más reciente balance del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), publicado el pasado 12 de mayo, la intensificación de las disputas territoriales, la fragmentación de los grupos armados y la reanudación de hostilidades entre la Fuerza Pública y diversos actores no estatales han elevado las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) a cifras que no se registraban desde hace casi una década. El panorama para 2025 es incierto. La volatilidad de los territorios, sumada a mecanismos de control social cada vez más estrictos sobre la población civil, ha generado un impacto profundo en la dignidad y seguridad de las comunidades más remotas del país.
Cifras récord en explosivos y confinamientos
Uno de los puntos más críticos del informe es el incremento exponencial en la afectación por artefactos explosivos. En 2024, se registraron 719 víctimas (heridas o fallecidas), lo que representa un aumento del 89% respecto al año anterior. De este total, el 67% de las víctimas fueron civiles, siendo los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño los más golpeados por esta problemática. Asimismo, el confinamiento de comunidades alcanzó niveles históricos. Un total de 88.874 personas se vieron obligadas a restringir su movilidad, un incremento del 89% en la población afectada en comparación con 2023. El departamento del Chocó concentró el 41% de estos casos, evidenciando cómo el control territorial de los grupos armados asfixia la supervivencia básica de miles de familias.
La voz del CICR
Ante este escenario, Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en Colombia, ha sido enfático en que el respeto por las normas humanitarias no es negociable. “No hay excusas: la protección de los civiles y el cumplimiento del DIH no son opcionales (…) El cumplimiento del DIH no debe estar condicionado en ningún momento ni estar sujeto a la existencia de negociaciones de paz”, señaló Hamilton en la apertura del informe. El directivo insistió en que es en los momentos de mayor confrontación cuando estas reglas se vuelven más vitales: “Es en los tiempos más álgidos de los conflictos armados cuando se hace más necesario cumplirlo sin condiciones… El DIH debe ser una luz en medio del caos”.
Consecuencias invisibles
Más allá de las balas, el conflicto ataca los servicios fundamentales. En 2024, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 201 infracciones contra la asistencia de salud, incluyendo el homicidio de cinco personas. Por otro lado, la desaparición sigue siendo una herida abierta. El CICR documentó 252 nuevos casos relacionados con conflictos armados, un 13% más que en el periodo anterior, afectando principalmente a la población civil en un 82% de los registros.
El informe concluye que, aunque el CICR y otras organizaciones trabajan para mitigar los riesgos, la responsabilidad primaria recae exclusivamente en los actores armados. Se requiere un compromiso real para que las escuelas dejen de ser ocupadas, los cuerpos de los fallecidos sean entregados a sus familias y la ayuda humanitaria pueda fluir sin obstáculos hacia quienes más la necesitan.
Sin una voluntad clara de las partes en conflicto para distinguir entre combatientes y civiles, el futuro de las comunidades rurales en Colombia seguirá marcado por el temor y la incertidumbre en un 2025 que ya se perfila como un reto mayúsculo para la dignidad humana.
