La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Viviana Paola Chaparro y Jorge Luis Sierra Rodríguez, por su presunta responsabilidad en los hechos violentos registrados el pasado 13 de junio en el municipio de Chía, Cundinamarca, durante una actividad de cierre de campaña electoral. Los implicados, quienes enfrentan cargos por constreñimiento al sufragante y lesiones personales agravadas, deberán cumplir una medida de aseguramiento en su lugar de residencia tras haber agredido a un adulto mayor de 66 años en medio de una confrontación política.
Según la investigación, los sucesos se desarrollaron en un puente peatonal del centro de Chía, donde un grupo de personas adelantaba una actividad proselitista. Las evidencias señalan que los procesados habrían lanzado improperios contra los simpatizantes y, posteriormente, atacaron a la víctima utilizando un arma cortopunzante y una cadena. Tras el altercado, Jorge Luis Sierra Rodríguez fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional, mientras que Viviana Paola Chaparro huyó inicialmente del lugar en un bus hacia el municipio de Zipaquirá, donde finalmente se presentó de manera voluntaria ante el ente acusador.
Tras la imputación presentada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Zipaquirá, los procesados no aceptaron los cargos por los delitos de constreñimiento al sufragante y lesiones personales agravadas. Pese a la negativa de los implicados, el juez de control de garantías dictó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de domicilio, mientras avanza el proceso penal en su contra.
Este caso, que resalta la gravedad de los actos de violencia en el escenario democrático, pone en evidencia las acciones de las autoridades para proteger la seguridad de los ciudadanos y el libre ejercicio de la participación electoral en el país. La judicialización de estos hechos reafirma el compromiso de la Fiscalía General de la Nación por sancionar cualquier conducta que vulnere la integridad de las personas y altere el orden público durante las jornadas de campaña, garantizando que el debate político se mantenga dentro de los límites del respeto y la legalidad.
Tras conocerse estos hechos, y ante los señalamientos de simpatizantes del candidato presidencial Abelardo de la Espriella asegurando que los atacantes son simpatizantes del candidato Iván Cepeda, la militancia y liderazgos del Pacto Histórico en el municipio de Chía se pronunciaron a través de un comunicado público, en el que señalaron que “vincular al Pacto histórico con actos delictivos es una estrategia irresponsable que busca generar odio en un escenario democrático”.
En este mismo comunicado, no solo rechazaron cualquier acto de violencia, sino también hicieron un llamado a los sectores políticos para no “utilizar la desinformación como herramienta de campaña y mantener el debate y la participación pública en el marco del respeto mutuo”
