Una investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto una red criminal dedicada al fraude inmobiliario que operaba en Bogotá y en los municipios de Mosquera y Funza. La organización arrendaba viviendas, las publicaba en redes sociales haciéndose pasar por sus verdaderos dueños y, con el apoyo interno de personal de notaría, falsificaba documentos públicos para engañar a los compradores, logrando apoderarse de más de 500 millones de pesos.
Entre noviembre de 2025 y abril de 2026, la estructura delictiva promocionó la venta de casas y apartamentos a través de plataformas digitales con el fin de captar personas interesadas en adquirir finca raíz. Una vez que los compradores potenciales entablaban contacto, los integrantes de la banda acordaban citas para mostrar los inmuebles en persona. Para dar apariencia de absoluta legalidad y ganarse la confianza de las víctimas, la organización tomaba previamente las propiedades en arriendo y sus miembros asumían la identidad de los propietarios legítimos.
El ente investigador logró identificar y judicializar a dos de los presuntos articuladores de esta red: Mauricio Navarrete Sarabia y Yuli Stella Guerrero López. En la distribución de roles, Navarrete acudía a las notarías para suplantar a los verdaderos dueños y firmar la documentación. Por su parte, Guerrero, en su calidad de auxiliar de notaría, presuntamente “se habría aprovechado de su cargo para acceder a los sistemas empleados para las verificaciones biométricas y facilitar la expedición de documentos espurios con los que se perfeccionaban las compraventas fraudulentas”, según la Fiscalía.
Durante las pesquisas, el ente acusador documentó al menos seis casos en los que “los propietarios legítimos fueron suplantados y nunca ofrecieron sus inmuebles en venta”. Tras recibir cuantiosos desembolsos de dinero por parte de los compradores engañados en los despachos notariales seleccionados, los implicados interrumpían todo contacto con los afectados.
Ante la contundencia del material probatorio, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir, estafa simple, estafa agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, obtención de documento público falso y falsedad material en documento público. Durante el desarrollo de las audiencias concentradas, Mauricio Navarrete aceptó la totalidad de las imputaciones, mientras que la funcionaria notarial no aceptó su responsabilidad.
Por determinación del juez de control de garantías, a Guerrero le fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, en tanto que a Navarrete se le concedió la detención preventiva en su lugar de residencia.
