La Superintendencia Nacional de Salud ha lanzado una advertencia a Nueva EPS, la entidad promotora de salud con el mayor número de afiliados en Colombia. A través de un requerimiento formal e improrrogable, la autoridad le otorgó plazo hasta este lunes 6 de julio de 2026 para entregar, certificar y dictaminar sus estados financieros correspondientes a las vigencias de 2023, 2024 y 2025.
De no cumplir con esta orden, la entidad, que se encuentra bajo intervención forzosa administrativa desde abril de 2024, enfrentará duras sanciones económicas y administrativas por obstruir las funciones de inspección, vigilancia y control.
A pesar de estar intervenida directamente por el Estado desde hace más de dos años, Nueva EPS, según la supersalud, ha venido esquivando sistemáticamente la entrega de sus libros contables y los reportes exigidos por la Circular Externa 016 de 2016.
La gravedad del asunto radica en que no se trata de un descuido reciente. Entre abril de 2025 y febrero de 2026, la Superintendencia formuló al menos cinco requerimientos formales, aprobó planes de trabajo y recibió promesas de la administración de la EPS que terminaron en promesas rotas. Esta aparente falta de transparencia tiene a ciegas al ente de control, impidiéndole evaluar con certeza si las medidas de recuperación ordenadas en la intervención están surtiendo efecto o si la iliquidez de la aseguradora sigue empeorando.
Conocer la radiografía financiera de Nueva EPS no es un asunto menor; de sus cuentas depende la atención médica de millones de colombianos. El objetivo de este ultimátum es levantar el velo corporativo y consolidar datos verificables sobre las deudas reales y la solvencia de la entidad.
Según la Supersalud, el Gobierno actual necesita dejar las cuentas claras, ya que estos estados financieros constituirán la base sobre la cual el próximo gobierno recibirá y deberá dar continuidad a la administración de la EPS. La Supersalud ha sido enfática en que la salud pública del país debe gestionarse sobre realidades financieras y no sobre simples estimaciones o proyecciones en el papel.
“Desatender este requerimiento constituye una infracción administrativa sancionable, conforme al artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, que contempla sanciones por no reportar información con la calidad y oportunidad debidas”, advirtió la Supersalud.
