La Sabana de Bogotá, cuenta desde el pasado 29 de mayo de 2026 con una hoja de ruta para proteger la “seguridad hídrica y ecosistemas estratégicos”. Con la expedición del Decreto 0545, el Gobierno Nacional ha establecido directrices para el ordenamiento ambiental de este territorio, reconociéndolo como un área de interés ecológico nacional que exige una protección especial. La medida establece medidas vinculantes que deberán ser incorporadas en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT)
Este nuevo marco normativo surge como respuesta a la necesidad de frenar la pérdida de funcionalidad ecológica que amenaza el bienestar de los habitantes de más de 30 municipios, incluida Bogotá. Durante años, la expansión urbana desbordada, el sellamiento del suelo y la fragmentación de ecosistemas han puesto en jaque la biodiversidad y la capacidad del territorio para regular el agua, un recurso vital para Cundinamarca y departamentos vecinos. La normativa busca transformar el modelo de desarrollo, colocando la protección de los determinantes ambientales como el eje central sobre el cual se construirá el futuro regional.
Según el Ministerio de Ambiente, estas directrices están realizadas bajo cinco ejes temáticos que orientan las acciones de las entidades territoriales y de las autoridades ambientales: conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático, gestión integral del agua, protección y conservación del suelo, infraestructura sostenible y gobernanza, información y saberes ancestrales.
El centro del decreto es la visión de la Sabana como un “territorio vivo”. Se dictan medidas concretas para la conservación de ecosistemas estratégicos, como los bosques andinos, la vegetación subxerofítica y los humedales, piezas clave en la regulación hídrica y la adaptación al cambio climático. Asimismo, la norma prioriza la seguridad hídrica, ordenando la formulación de planes específicos para el río Bogotá y sus afluentes, asegurando que las decisiones sobre el abastecimiento de agua sean sostenibles y respeten los límites que impone la naturaleza.
Este decreto “establece un plazo de 24 meses para actualizar la cartografía de bosques andinos, humedales y subxerofitia, acotar la ronda hídrica del río Bogotá y, con ello, consolidar la estructura ecológica regional; actualizar de manera participativa los polígonos de minería, sin ampliación sobre áreas de valor ambiental, y ordenar el cierre definitivo y la restauración en zonas no compatibles” señala el Ministerio de Ambiente.
Sin embargo, aunque existe una misionalidad para proteger los ecosistemas de la Sabana, este decreto no ha estado exento de críticas. La concejala bogotana, Cristina Calderon Restrepo, señaló en el Diario El Tiempo, que “Este decreto le quita a Bogotá y a los municipios de la Sabana la posibilidad de decidir sobre su propio territorio. Los lineamientos ambientales pasan por encima de los POT, de la ley y de los ciudadanos”
Ruralia Urbana, ONG sobre temas ambientales y otros aspectos, señaló que este decreto no tiene mayores diferencias a las contempladas anteriormente. “El Decreto 0545, lejos de ser la herramienta transformadora prometida, se perfila como un mecanismo de estabilización del desastre pues prioriza la celeridad decretada sobre la reparación del tejido ecosistémico, y eso hace que la Sabana de Bogotá termine siendo un paisaje de concreto rodeado de infraestructuras “legalizadas” que asfixian el último vestigio de vida hídrica de la región” señaló a través de cuenta de X.
El proceso que culminó en esta norma involucró a diversos sectores, incluyendo autoridades indígenas y organizaciones comunitarias, con el objetivo de que el ordenamiento sea un pacto colectivo. El decreto garantiza los derechos de permanencia para las comunidades campesinas y reconoce la importancia de los sitios sagrados del pueblo Muysca, integrando así una dimensión cultural y espiritual en la gestión del territorio.
El reto principal radica ahora en la implementación. El Ministerio de Ambiente y las autoridades regionales tienen la responsabilidad de articularse para que estas directrices se traduzcan en una gobernanza efectiva y transparente. Tal como se plantea en el decreto, estas acciones deben permitir transitar hacia un territorio más resiliente y equitativo, donde la protección de la vida y el legado natural sean la prioridad para las futuras generaciones.
